Tras las autonómicas andaluzas el nerviosismo se ha extendido entre las fuerzas políticas que actúan en Balears. La crisis de los partidos tradicionales va cumpliendo etapas, atomizando los parlamentos y convirtiendo en impredecibles los resultados electorales. De hecho, el horizonte italiano de ingobernabilidad empieza a ser un escenario compartido por muchas naciones europeas. El malestar ciudadano se traduce en una deslegitimación general que impulsa la sociedad hacia sus extremos. De repente, como analizó el filósofo húngaro Aurel Kolnai en la primera mitad del siglo XX, los sentimientos hostiles ocupan la centralidad ideológica en un proceso que se retroalimenta continuamente. La cultura del consenso -que es, en definitiva, el del encuentro y la integración- pierde su prestigio en manos de una lectura maniquea de la realidad. Y la confusión empieza a reinar en el puente de mando de muchos partidos políticos que se ven desbordados por este gran descontento.

En Balears el escenario central que manejaba la izquierda hasta el pasado domingo era el de una sencilla reedición del pacto progresista tras las próximas autonómicas. A favor del actual gobierno juega el potente crecimiento económico de estos últimos años. que ha permitido eliminar muchos de los recortes exigidos por Bruselas. Además, en estos años Francina Armengol se ha consolidado al frente del Govern, demostrando habilidad a la hora de liderar una difícil coalición de partidos. La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa hacía previsible sumar un número adicional de votos para el PSIB debido al efecto positivo que aporta contar con la presidencia del gobierno, a lo que se une la debilidad que atraviesa el principal partido de la oposición en nuestras islas, el PP, que sale de la mayor crisis de su historia.

Sin embargo, los resultados en Andalucía han trastocado las dinámicas que alimentaban este escenario favorable para la izquierda en Balears. Básicamente introduciendo mayores dosis de incertidumbre. Al castigo electoral al PSOE, sobre todo en forma de abstención y trasvase de voto a Ciudadanos, se ha unido la desmovilización del voto más izquierdista que giraba en torno a la candidatura de Adelante Andalucía. Si la debilidad del Partido Popular era previsible, no lo era tanto el surgimiento explosivo de Vox, ya que ninguna encuesta auguraba sus doce diputados. La magnitud de lo sucedido en la comunidad autónoma más poblada de España ha encendido todas las alarmas de cara a mayo. ¿Podría sufrir el PSIB de Francina Armengol una caída de voto similar a la que ha sufrido Susana Díaz en Andalucía? ¿Podría ir parte del electorado socialista a Ciudadanos? ¿Cuál será el potencial real de un partido como Vox en nuestras islas? ¿Canibalizará exclusivamente el voto de derechas o gozará de una mayor transversalidad? ¿Seguirá creciendo, como es previsible, el PI en la part forana? ¿Y tocaron techo en 2015 Més y Podem? Es pronto para saberlo, pero lo que resulta evidente ahora mismo es que los estudios demoscópicos no terminan de capturar bien la profunda fisura de representatividad que se ha abierto en la política española y que convierte el voto en una realidad mucho más inestable.

El líder del PP en las islas, Biel Company, ha afirmado esta semana que no descartar pactar con Vox si fuera necesario para tumbar el pacto de izquierdas. No son declaraciones tranquilizadoras, aunque los populares querrán argumentar que el PSOE de Pedro Sánchez pactó con partidos contrarios a la Constitución para llegar al poder. Sin duda, la inestabilidad política exige un plus de responsabilidad exigible a todos los partidos. Estar a la altura de las circunstancias supone reconocer en primer lugar que España es una democracia plena y consolidada -entre las veinte mejores del mundo, según el prestigio índice elaborado por The Economist- y garantizar, en segundo lugar, que ningún partido va a permitir retrocesos en nuestros derechos y libertades. Esta responsabilidad, exigible a todos sin excepción, constituye el mejor garante de nuestros valores democráticos.