Ciudadanos ha sido la tercera fuerza de Andalucía en las últimas autonómicas pero también la única de las preexistentes que ha conseguido una subida espectacular en su cotización electoral. Ha pasado, como es sabido, de 9 a 21 diputados.
Pues bien: el líder de la organización liberal, ya que se ha inscrito en la internacional de este nombre en el Parlamento Europeo, tiene dos opciones: o se pliega a la voluntad del Partido Popular, que propone una coalición de fuerzas conservadoras, incluida la ultraderechista VOX, para entregar la presidencia de la comunidad al líder del partido más votado, el popular Juanma Moreno, en cuyo caso será amablemente invitado a salir del grupo parlamentario europeo como ya le ha advertido Guy Verhofstadt, o, con el argumento de que es preciso establecer un cordón sanitario en torno a VOX, pacta con el PSOE una fórmula de gobernación, en la que legítimamente podría reclamar para sí la presidencia de la Junta, operación que necesitaría el consentimiento, en forma de abstención de un par de diputados, de Adelante Andalucía (la organización procedente de la convergencia de Podemos con IU).
Estamos en definitiva ante un dilema en que se contraponen por una parte el interés general y la dignidad del Estado, y, por otra, el interés particular de los distintos actores, que lógicamente quieren sacar la mejor tajada posible de su posición obtenida el 2 de diciembre. Muchos nos tememos que, ante esta disyuntiva y en estos tiempos y con estos políticos, el interés general puede darse de antemano por pisoteado y excluido.
