La capacidad real de presión política en las calles se mide, de forma casi taxativa, por el número de votos en juego. De ahí que, tras las numerosas movilizaciones ciudadanas en contra del actual proyecto de autovía de Llucmajor a Campos, los nervios se hayan adueñado de la cúpula de MÉS, que ha obligado a hacer una primera rectificación al president del Consell, Miquel Ensenyat. Por supuesto, medir las fuerzas supone considerar las más de cuatro mil adhesiones particulares y las 152 entidades que respaldan el manifiesto antiautopista, donde se reclaman unas políticas para el territorio más acordes con los postulados y las promesas clásicas de la izquierda nacionalista. Convertida ya en una marea amarilla -que recuerda a la marea verde que tumbó a Bauzá-, la protesta social en el Migjorn incrementa su presión a medida que se acercan las autonómicas del próximo mayo. Hace apenas unos meses, el propio Ensenyat acusaba a los ecologistas de ser más exigentes con la izquierda que con los populares, al tiempo que se defendía torpemente asegurando que no quería cargar con ningún muerto en su espalda, en referencia a la peligrosidad del actual trazado. En aquel momento, todavía con tiempo por delante para las elecciones, el equipo de gobierno del Consell cometió el error de subestimar el auténtico impacto social de la movilización ciudadana. Se afirmó que el proyecto de autovía presentado era el único posible y que además su impacto sobre el territorio era notablemente menor que el del anterior gobierno del PP. A pesar de ello, los colectivos implicados en la protesta ecologista lo rechazaron de plano y exigieron su inmediata paralización. El tiempo les ha dado en parte la razón, porque lo que hace apenas unos meses era inamovible ya ha sido modificado por el propio Consell, cuya nueva propuesta supone una reducción de nueve metros adicionales en el ancho de la autovía, lo cual equivale a disminuir unos diez mil metros cuadrados el consumo de territorio. "Rectificar es de sabios", reza un conocido dicho del saber popular; pero cabe cuestionarse, en este caso, si la enmienda anunciada el pasado martes no debería haberse planteado mucho antes, puesto que se ha podido comprobar que era factible. Y, por otro lado, habrá que preguntarse también si este nuevo proyecto será suficiente para contentar a los colectivos representados en la Plataforma Antiautopista que, ya en primera instancia, han declarado sus dudas y su desconfianza ante la propuesta del Consell.

Detrás del debate concreto sobre esta infraestructura de enorme calado para Mallorca, subyace otra cuestión de fondo que exige ser abordada con tranquilidad, tiempo y rigor: la de un gran mapa de infraestructuras de la isla que apueste por la humanización de un territorio ya excesivamente presionado. La indudable saturación viaria requiere soluciones más allá de la tópica -y a veces imprescindible- ampliación de las carreteras. La asunción integral de estos problemas supone ponderar elementos como la cercanía, el transporte público, la seguridad, el consumo energético, la contaminación y la preservación medioambiental, en pos de soluciones viables que alteren lo menos posible los valores propios del ecosistema. La cercanía de las elecciones autonómicas -y el notable impacto que sobre las expectativas de voto de la izquierda puede tener esta polémica- no facilita el mejor consenso posible. Está en juego una infraestructura cuyo coste se acerca a los treinta millones de euros y cuya realización -en un sentido o en otro- marcará un antes y un después para la comarca del Migjorn.