La agencia EFE ha difundido unas declaraciones del exdiputado socialista Pedro Bofill realizadas tras una audiencia concedida por el Rey Felipe VI a la Asociación de Exdiputados y Exsenadores de las Cortes Generales que preside Juan Van-Halen y a la que pertenece el mencionado exparlamentario. Tal noticia ha sido discretamente difundida por los medios y apareció ayer en portada del principal rotativo catalán en una pieza periodística firmada por Carmen del Riego y titulada "El Rey avala una reforma constitucional en un encuentro con exparlamentarios. Felipe VI explicó en esta audiencia privada su visión del momento político".
Zarzuela es extremadamente cuidadosa con las filtraciones, por lo que cabe suponer con fundamento que en esta ocasión la difusión de la noticia, si no autorizada por el monarca, tampoco cuenta con su oposición expresa. De hecho, el Rey tiene que difundir sus mensajes de manera informal cuando no utiliza los escasos cauces tasados de que dispone.
Según Bofill, el Rey acepta una reforma constitucional en la convicción expresada en esta reunión de que la Carta Magna no es la tabla de la ley y puede ser modificada si hay consenso y dentro del marco legal. Esto no es novedad en la posición de la Corona, pero sí es políticamente relevante que el Rey se mostrase además partidario de "buscar fórmulas para restablecer un sistema en el que todos estén a gusto, dentro de las normas constitucionales". En el encuentro -precisa la agencia- no se concretaron fórmulas, aunque los exparlamentarios creen que hay que difundir "las ventajas de nuestro sistema democrático y territorial".
El Rey ha dicho lo que ha dicho, y lo ha hecho el limitado marco del artículo 56 CE que le atribuye el cometido de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones, que sin duda incluye el impulso político al propio sistema constitucional. Sin embargo, esta explícita declaración respalda las tesis de los constitucionalistas que proponen soluciones al conflicto catalán por el camino de las reformas constitucional y estatutaria -por este orden- que mejoren el modelo de organización territorial para otorgarle mayor coherencia interna y colmar algunas aspiraciones legítimas del catalanismo político que puedan y quieran ser encauzadas por esta vía. Se trataría, en resumidas cuentas, de reintentar lo que ya probó sin fortuna Maragall pero de forma más racional y ambiciosa, avanzando hacia un federalismo 'a la alemana' en que se mantuviera por supuesto la unidad del Estado -la unicidad irrevocable de la soberanía nacional- pero en el que se ampliara el marco competencial y se institucionalizara en el legislativo un papel definido de las comunidades autónomas en determinadas materias, siguiendo la senda del Bundesrat.
Esta propuesta de resolución del conflicto está siendo defendida actualmente por la izquierda moderada y no ha sido combatida por la derecha centrista (por más que Rajoy, nunca dispuesto a correr riesgos, no quisiera embarcare en aventura alguna). El problema objetivo que encuentra esta posible solución es la hostilidad del independentismo radical, que ha sacado los pies del sistema constitucional y camina por el territorio resbaladizo de la ilegalidad y del populismo arbitrario.
Con todo, la conducta intolerable del soberanismo, que vulnera el Estado de Derecho y falta al respeto a los constitucionalistas catalanes, que son al menos la mitad de la población (todo lo cual es criticado por los exparlamentarios en la mencionada entrevista a Pedro Bofill), no debe retraer a los partidos democráticos. Entre otras razones, porque la sociedad catalana no soberanista se sentiría reconfortada por esta operación inclusiva que les ofrecería la oportunidad de recuperar el protagonismo perdido, de eludir el ostracismo a que le condenan los independentistas y de volcar su propia beligerancia de manera pacífica en un nuevo marco jurídico más avanzado, creativo y adaptado a sus demandas legítimas, que nada tienen que ver con la ruptura legal ni con la independencia.
