En Baleares, desgraciadamente, hemos asistido estos días a un nuevo asesinato machista. Desde la sociedad en su conjunto decimos que basta ya de seguir contabilizando mujeres asesinadas, agredidas, humilladas y acosadas sexualmente. Es urgente actuar y dejar de acumular fríos datos que no reflejan la dramática y cruda realidad, poniendo en marcha, sin más demora, los mecanismos y recursos necesarios para la Prevención, Protección y Atención de las víctimas de violencia de género.
Nuestra comunidad registró nuevamente en el año 2017 la tasa más alta de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres: 95,67%. Un dato que crece con respecto al 2015 un 13%.
A lo largo del 2017 se presentaron una media de 15 denuncias diarias. Es preocupante, por otra parte, el número de casos en los que las víctimas de violencia de género que se acogen a la dispensa de la obligación de declarar, 446 (8%), un hecho que pone de manifiesto posibles déficits en el asesoramiento jurídico, psicológico, servicios sociales, etc.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un Pacto surgido de la movilización feminista y social, debe ser una potente herramienta en contra de esta lacra social, y exigimos su cumplimiento en todas y cada una de sus medidas, de forma que la tutela jurídica e institucional sea efectiva, corrigiendo las carencias detectadas en la atención, prevención y protección a las víctimas.
Un Pacto de Estado que permitirá incrementar de forma sustancial (4 millones de euros) el presupuesto del Institut Balear de la Dona, que alcanzará los siete millones de euros para el 2019. Un presupuesto que hasta la fecha, y a pesar de los incrementos registrados en los dos últimos años, solo alcanza un gasto de 2,78€ por habitante.
Este Pacto de Estado debe lograr, entre otras muchas cuestiones, mejorar la falta de medios para proteger a las mujeres maltratadas. El recorte en los presupuestos estatales en servicios de igualdad y contra la violencia de género ha sido constante desde el año 2011. Las recientes quejas policiales, ante la falta de recursos para proteger a las mujeres maltratadas, reflejan muy bien la situación: de los 1.555 efectivos destinados a las Unidades Especializadas en Violencia de Género en 2012, se habían reducido a 1.322 en diciembre del 2017. En Baleares, el descenso es de un 20,4%. A esto se debe sumar la denuncia constante en el mismo sentido de los y las responsables de los Juzgados de Violencia de Género en nuestra comunidad, que han calificado la situación de insostenible.
Desde Comisiones Obreras reclamamos el desarrollo de las medidas recogidas en el Pacto de Estado para la mejora de los derechos laborales y económicos, además de los necesarios cambios culturales y educativos. En el ámbito laboral es especialmente grave el fenómeno del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, manifestación de la violencia de género que evidencia la persistente desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
