¿Por qué no renunció Manuel Marchena cuando se hizo público el acuerdo entre Gobierno y PP para que presidiera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo (TS)? Su candidatura se conoció antes de que las Cortes eligieran a los vocales del CGPJ y el presidente de la sala segunda del TS mantuvo la boca cerrada. Aceptaba el pacto con todas sus consecuencias. En los días precedentes a la divulgación por El Español de Pedro J. Ramírez del WhatsApp enviado a los senadores del PP por el portavoz del grupo popular Ignacio Cosidó, la contestación judicial al pacto ya era notable. Marchena la obvió. Después del WhatsApp, remitido con la nítida intención de dar al traste con el pacto, porque nadie es tan imbécil de no saber que si se le envía a más de 140 senadores no se hará público, Manuel Marchena ha salido a escena cual, vestal ofendida, clamando por su independencia y haciendo ostentación de su renuncia a ser el candidato de unos vocales pendientes de designación. Le han llovido parabienes. Se le ha considerado hasta el redentor del poder judicial. Marchena, el magistrado blindado ante los perversos manejos del mundo político.
El impostado relato transita lejos del sendero de la verdad: el presidente de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, al que, eso sí, se le da por acrerditada una solvencia jurídica fuera de toda duda, exhibe una hoja de resoluciones que han beneficiado los intereses del PP. Simple coincidencia. Sus decisiones se han ajustado escrupulosamente a lo dispuesto en el Código Penal. Dejémoslo ahí.
Lo que viene sucediendo en el Tribunal Supremo ahonda en el imparable deterioro institucional, en la quiebra del sistema constitucional alumbrado en 1978, que, aunque resiste, se resiente de los continuos quebrantos que sin pausa padece. Al iniciarse 2019 Manuel Marchena presidirá el juicio contra los políticos independentistas catalanes, procesados por rebelión y una ristra de delitos, que los mantienen en prisión provisional desde hace un año, medida considerada absurda y desorbitada por numerosos juristas, dictada por el juez instructor Pablo Llarena, avalada una y otra vez por Marchena, a quien se considera su mentor.
El WhatsApp de Cosidó, que parece que el exdirector general de la Policía en el Gobierno del PP, siendo ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, incurso en un asunto de espionaje y robo de documentación de inmenso potencial destructivo, se limitó a trasladar a los senadores; la autoría no era suya, sino de más arriba, de la cúpula del PP, que no sabía cómo deshacer el pacto urdido con el Gobierno, deja a Manuel Marchena en comprometida posición para presidir el juicio contra los independentistas catalanes. Dos de ellos, Junqueras y Romeva, se han apresurado a recusarlo por considerarlo parcial, lo que acredita, según sus letrados, el WhatsApp del incinerado Cosidó. Lo previsible es que la recusación no prospere, pero Marchena está definitivamente en entredicho. No redime el poder judicial, como muchos precipitadamente se han apresurado a celebrar, sino que más bien tiende a contaminarlo. Marchena ha contribuido al deterioro institucional. Su recusación se cursa con la mirada puesta en el Tribunal de Estrasburgo. No sorprende que los tribunales de Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suiza nada hayan querido saber del ajuste de cuentas que, vía judicial, se dirime en España, porque, en su momento, la inacción, políticamente de inmensa gravedad, de Mariano Rajoy posibilitó una nueva eferverscencia del inacabable contensioso catalán, que, siempre, en la moderna historia de España, ha dispuesto del suficiente poder desestabilizador para dar al traste con los proyectos de soldar la institucionalidad democrática. Estamos en una de esas tesituras, que trata de solventarse a las bravas. Recordemos el pasado y cómo han acabado intentos similares.
