El obsceno whatsapp de Cosidó, portavoz del PP en el Senado, dirigido a todos los miembros populares de la Cámara Alta, era una grave indecencia que sembraba fundadas dudas sobre la verdadera voluntad del partido conservador de salir del magma de corrupción en que ha vivido envuelto (y que le costó a Rajoy la presidencia del Gobierno) y encarrilar su andadura hacia la transparencia y el estricto acatamiento del espíritu de las leyes democráticas. El sarampión marrullero aquejó también en el pasado al sistema de partidos de otros países, el francés por ejemplo, pero el choque con la realidad, el establecimiento de poderosos mecanismos de control y el influjo de la opinión pública han puesto allí fin a aquellas prácticas aberrantes. En España debió hacer ocurrido lo mismo, pero ya se ve que no ha sido así
El mensaje envenenado del político popular era demoledor, y probablemente delictivo puesto que sugiere la posibilidad de una prevaricación masiva de los jueces adictos. En él se explicaba que el pacto conseguido con el PSOE no sólo garantizaba al PP la presidencia del CGPJ y del Supremo sino que además se materializaba " controlando la Sala Segunda [de lo Penal, competente en el juzgamiento de aforados] y presidiendo la sala del 61 [la encargada de asuntos de relevancia política como la ilegalización de partidos]". Y explicaba sin el menor pudor que "Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para España". La indecencia llegaba en el colofón a extremos inenarrables, al insinuarse que lo que es bueno para el PP es bueno para España, lo que justificaría la creación de una zona de impunidad.
La procacidad del escrito, divulgado menos de dos meses después de que el Tribunal Supremo decidiera no investigar el máster de Pablo Casado -el auto aseguraba que Casado recibió "un trato de favor" al obtener el título sin que se le exigieran los mismos requisitos que al resto de alumnos pero el tribunal alegaba que no podía investigar este trato porque no es delito, aunque, según los jueces, "pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho Penal"„, ha debido llenar de indignación, y con toda evidencia ha colmado la paciencia de Manuel Marchena, candidato de consenso a presidir el CGPJ y presidente de la Sala Segunda, quien había presidido la Sala de Admisión que había tomado aquella determinación. Las tesis de Cosidó, colaborador insustituible de las marrullerías de Fernández Díaz en la policía patriótica, empujaban a la opinión pública a sospechar falta de imparcialidad en los cinco jueces que tomaron aquella determinación, que Casado recibió con alborozo. Pedro Sánchez ha reconocido lo atinado de la decisión de retirarse de Marchena después de que "una persona importante del PP" haya puesto en duda su imparcialidad.
Marchena, que ha ganado su prestigio a pulso, ha tardado pocas horas en zafarse de la trampa para elefantes que se le había tendido. "Jamás he concebido la función de juez como instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", ha asegurado el magistrado, que ha salvado la dignidad corporativa como le reconocen las asociaciones.
Irónicamente, el PP ha reaccionado aplaudiendo la decisión de Marchena, suspendiendo el acuerdo con el PSOE y difiriéndolo hasta que dimita la ministra de Justicia? La inicial carcajada que suscita tan pintoresca respuesta al desafuero de Cosidó se habrá convertido en un elemento más de indignación para los jueces, que constatan la desfachatez con que algunos habían planteado la renovación del Consejo General.
La presencia de Marchena al frente de la renovación garantizaba la independencia institucional del órgano de gobierno, pero la maniobra que ha salido a la luz ha tenido un efecto brutal sobre la imagen del proceso e imposibilita un pacto como el que se pretendía y del que el Gobierno debería también desistir. A medio plazo, habrá que reconsiderar incluso el sistema de elección del Consejo. También los miembros del Legislativo deberían reflexionar sobre lo ocurrido, no sea que descubran que este no es modo de representar a la soberanía nacional.
