Existen pocas dudas de que la degradación del sistema constitucional provocada por la corrupción, las élites extractivas de la partitocracia y su catastrófica gestión de la economía, la gran recesión de 2008, los escándalos de la monarquía y la deslealtad del nacionalismo, propiciaron la irrupción en el escenario político de dos nuevos actores políticos: uno, Ciudadanos, surgido en 2005 en Cataluña como consecuencia de los postulados nacionalistas del PSC; el otro, Podemos, nacido de la condensación de una parte de los efluvios emanados del 15 M. Las últimas elecciones generales de 2016 refrendaron la ruptura del bipartidismo y la necesidad de los pactos para configurar gobierno. El sistema político nacido en 1978 entraba definitivamente en crisis sin que se pudieran vislumbrar las claves definitorias de un nuevo sistema. PP y PSOE se desangraban pero no desaparecían; C's y Podemos irrumpían con fuerza pero no sustituían a aquéllos. Se abría paso una nueva dinámica marcada por los pactos. Inicialmente uno fracasado, PSOE-C's, dinamitado por Podemos; luego uno exitoso durante un corto período de tiempo, PP-C'S; finalmente un pacto PSOE-Podemos-ERC-PDECAT-PNV-Bildu que mantiene al PSOE en el poder con Pedro Sánchez de presidente. En el ínterin, hace un año, el golpe de los independentistas catalanes provocando la mayor crisis institucional desde el 23 de febrero de 1981 y la aplicación del artículo 155 hasta las elecciones de diciembre que revalidaron la victoria de los independentistas. Dentro de dos meses se inicia el juicio contra los dirigentes catalanes protagonistas de la proclamación de la república catalana.
Para entender la complejidad del momento es preciso identificar los objetivos de cada fuerza política. El PP es el partido reacio a cualquier reforma. Ya se lo decía Rajoy al PSOE: que se diga primero qué es lo que se quiere reformar. El PSOE es partidario de reformar, pero ha sido hasta ahora incapaz de concretar su propuesta de Estado federal. Su histórica dirección, identificada con la Constitución de 1978 ha sido sustituida por otra en claro alejamiento de aquélla, encabezada por Pedro Sánchez, que no ha dejado de decir una cosa y la contraria en cortos espacios de tiempo, sea sobre la condición de nación para Cataluña, su compromiso con la regeneración democrática haciendo un CGPJ "verdaderamente independiente del gobierno" en 2014 y 2016 y el pacto de esta semana con el PP para nombrar a dedo a los jueces, su compromiso de acceder a la presidencia para la convocatoria de elecciones y su aspiración a llegar a 2020 sin convocarlas, su afirmación de mayo de que lo de Cataluña es una clarísima rebelión y la imposición a la abogacía del Estado de su petición de penas por sedición. Sánchez sólo tiene un compromiso permanente: consigo mismo. C's era la gran esperanza liberal-progresista. Aspira a reformar el sistema y lo acaba de ratificar ausentándose del vergonzoso pacto partitocrático y bipartidista por el que estos días se ha conformado el nuevo CGPJ, del que se sabe ya que el presidente que van a elegir los aún desconocidos vocales será el juez Marchena. Una sola propuesta de C's desmiente su anunciada apuesta por la regeneración: la ley electoral, que pretende estrictamente proporcional, lo que refuerza las listas electorales que otorgan el poder a las cúpulas partidarias y no a los ciudadanos. Su apoyo a la exaltación lacrimosa del himno nacional hecha por Marta Sánchez les ha acercado peligrosamente al nacionalismo español. Podemos es el izquierda iliberal heredera de la tradición autoritaria comunista. Su proyecto político pasa por la destrucción del régimen del 78 a través de la impugnación de la monarquía. Éste es el nexo de unión estratégica con el nacionalismo catalán y vasco representados por ERC, PDECAT, PNV y Bildu.
Por muchas combinaciones que se realicen no hay (por el momento) ninguna que posibilite un pacto político de largo alcance, sea para reformar el sistema de 1978, sea para derrocarlo impulsando un proceso constituyente. En primer lugar porque para reformar la Constitución se necesitan bien los 3/5 de cada cámara (210 votos en el Congreso, 160 en el Senado) bien los 2/3 del Congreso (233 votos) si se dispone de la mayoría absoluta del Senado; para una reforma total se necesitan los 2/3 de cada cámara (233 y 177 votos) y disolución de las Cortes Generales. Es evidente que ni en las más optimistas ensoñaciones que puedan albergar Iglesias, Puigdemont, Junqueras, Urkullu y Otegui, podrán alcanzar nunca los 233 votos en el Congreso; del Senado ya ni hablemos. Ni siquiera si consiguieran incorporar al PSOE a esa estrambótica alianza alcanzarían el mínimo exigible. La única alianza posible con el PSOE es la que permite el gobierno precario de Sánchez, que después de la desafección de los independentistas catalanes por no politizar suficientemente a la justicia y convertir definitivamente el Estado de derecho en un guiñapo, está condenado, para mayor gloria de Sánchez, a deambular rozando la inconstitucionalidad haciendo uso semanal del decreto-ley. La suma de PP y C's tampoco da para nada más que para otro gobierno en precario sin reformas de calado, como la suma de PSOE y C's. La única posibilidad de reforma estribaría en el pacto para reformar la Constitución entre PP, PSOE y C's. Pero su concreción, al día de hoy es prácticamente imposible. No existe un mínimo común denominador entre ellos. Estamos condenados a gobiernos precarios y a la inestabilidad política en tiempos de grandes cambios mundiales.
