La ley orgánica que, en el año 1985, desarrolló los mandatos constitucionales acerca de los órganos de la justicia dice en su artículo 599 que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proponen el nombramiento de quien habrá de presidirles. Aunque la ley no dice nada a tal respecto, cabe suponer que dichos vocales habrán de existir. Tremenda paradoja espacio-temporal, pues, es la que se nos ha anunciado esta semana al hacerse público el nombre de quien será presidente del CGPJ antes siquiera de que se conozcan quiénes formarán el nuevo pleno del organismo. Una interpretación rigurosa y amable de semejante misterio podría derivarse de la idea genial de la vicepresidenta Calvo al justificar los cambios de criterio de su presidente -y el nuestro-, Pedro Sánchez, persona a lo que se ve muy dada a consideraciones movedizas. Calvo nos aseguró que el Sánchez de hoy no es el del pasado inmediato. Con la misma cadena de razonamientos, aunque un poco más forzada todavía, cabe sostener que, si pensamos que el tiempo es una sensación personal y no una fuerza del universo, los vocales futuros pueden muy bien mirar hacia atrás e inspirarse en las noticias actuales.
Pero hay otra manera de decir lo mismo aunque, por desgracia, sea mucho más lesiva para los vocales entrantes. Consiste en entender que, cuando sean propuestos, once de ellos por el Partido Socialista y nueve por el Popular, se les haga llegar la condición de que elijan entre todos ellos al presidente que ambos partidos han negociado y que no es otro que el señor Manuel Marchena. Con lo que se pondrán de manifiesto las tragaderas que un jurista de prestigio puede llegar a tener para lograr un sillón en el pleno del CGPJ. Y, ya que estamos, la falta de respeto de socialistas y populares hacia la Justicia y sus representantes.
El respeto no es obligatorio en la política, salvo que se trate de las sentencias de los más altos tribunales. Cuando en 2013 fue nombrado el hasta ahora presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ese acto se impugnó a causa de haber salido de las componendas políticas y no del voto libre de los vocales. Así llegó hasta el Tribunal Constitucional, quien falló en contra de tales manejos. Pero el Tribunal Supremo desestimó la impugnación con el argumento de que no quedaba probada la existencia de dichos pactos. Me pregunto dos cosas. La primera, qué sucederá ahora cuando se ha hecho público quiénes fueron los negociadores del reparto de vocalías y presidencia del CGPJ, que los jefes de filas, Sánchez y Casado, supervisaron las negociaciones y que su final feliz se considera el primer gran pacto de Estado entre las dos principales fuerzas políticas del país. ¿Cabe sostener que no quedan demostrados hasta la saciedad los manejos? La segunda pregunta que me hago es aún más sencilla. ¿A quién le conviene enfangar hasta tal punto a la Justicia en estos precisos momentos?
