La vicepresidenta del Gobierno estuvo este lunes en el Vaticano, reunida con el secretario de Estado Pietro Parolin, en el que ha sido primer encuentro entre la sede pontificia y el gobierno español. Con posterioridad al encuentro, la vicepresidencia del Gobierno emitió un comunicado en que afirmaba que "el cardenal Parolin ha garantizado que no va a oponerse a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos". Y se añadía que ambas partes coinciden además en "buscar una solución y mantener el diálogo" para la posterior inhumación, lo que significa en lenguaje diplomático que la Iglesia se ha apeado de su anterior posición, en la que sostenía que no podía oponerse a la inhumación del general en la cripta de La Almudena, donde la familia del dictador adquirió una cripta.
No debe haber sido difícil convencer al Vaticano de la inconveniencia de que un lugar de culto tan céntrico como la catedral de la Almudena de Madrid se convirtiera en centro de peregrinación de nostálgicos hitlerianos, mussolinianos o franquistas. El Parlamento Europeo acaba de pedir a España precisamente que ilegalice la Fundación Francisco Franco y que elimine todos los símbolos que exalten la dictadura. Una dictadura que, con independencia de su significación aquí dentro, se alineó con las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial y envió tropas a combatir junto al ejército hitleriano. La Iglesia española se embarcaría en un colosal escándalo si prestara cobijo a un personaje relacionado con genocidios y ligado indiscutiblemente al Holocausto. Quizá la solución consista en aplicar estrictamente el vigente Derecho Canónico, que, desde 1983, prohíbe enterrar cadáveres en las iglesias.
La vicepresidenta Calvo ha hablado con Parolin de las otras dos cuestiones pendientes con el Vaticano: los casos de pederastia, que pretenden hacerse aquí imprescriptibles y cuya erradicación seguramente requeriría mayor celo de la jerarquía. Y la inmatriculación por la Iglesia de numerosos bienes que pertenecen al patrimonio del Estado. En ambos asuntos, y según el Gobierno, el secretario de Estado del Vaticano "ha mostrado su voluntad de abordar conjuntamente ambos temas para alcanzar puntos de encuentro".
La Constitución, con razón o sin ella, al tiempo que declaraba la aconfesionalidad del Estado, tuvo la debilidad de mencionar la Iglesia católica (y las demás confesiones) para ordenar que los poderes públicos mantengan con ellas las relaciones de cooperación coherentes con las creencias religiosas de la sociedad española. Y nada hay de vergonzante en cumplir tal mandato, que en todo caso no requería unos acuerdos como los suscritos con la santa sede, negociados antes de la promulgación de la Constitución y fechados del 3 de enero de 1979 cuando la carta magna había sido sancionada por el rey apenas seis días antes. Aquellos acuerdos, que pretendían sustituir el concordato de 1953, son hoy un legado anacrónico que habría que acomodar a los nuevos tiempos y a unos criterios de libertad religiosa, materia que, por cierto, habría que regular mediante una ley ad hoc cuanto antes (zapatero presentó un proyecto de ley que reunía considerable consenso pero que decayó al disolver el Parlamento en 2011). En realidad, los acuerdos vigentes son cuatro y el simple enunciado del tercero -"Acuerdo entre el Estado español y la santa sede sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos"- indica que aquellos pactos no han resistido bien el paso de los años. El cuarto, de carácter económico, obliga al Estado "a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico" y sienta las bases del actual modelo basado en una fracción del IRPF De hecho, no se trata de demoler el edificio sino de construir uno nuevo basado en criterios modernos y pautas más multiculturalistas, que en los años setenta no podían ser todavía atisbados.
La cooperación de la Iglesia en la solución del simbólico embolado franquista que todavía o hemos sabido resolver sería un buen principio para la modernización de las relaciones Iglesia-Estado, que no tienen porqué ser conflictivas.
