La libertad de enseñanza, constitucionalmente protegida, obliga al Estado a financiar la educación obligatoria impartida por centros privados. En la actualidad, según datos publicados ayer por la prensa, el 67,3% de los alumnos acude a centros públicos, el 25,9% a centros concertados y el 6,8% a centros privados.
Nada hay que objetar a este planteamiento siempre que todos los actores sean leales a él. Pero sucede que los centros concertados, que tienen prohibido cobrar cuotas adicionales a los escolares (sólo pueden facturar por el precio de coste servicios adicionales como el comedor o el transporte) y cuyas actividades extraescolares deben ser rigurosamente voluntarias, imponen en la práctica cuotas más o menos camufladas que alcanzan hasta 800 euros al mes, con lo cual quiebran la igualdad de oportunidades, disuaden a los menos pudientes y convierten los centros en lujosos colegios de elite. Tampoco respetan algunos centros concertados las condiciones de acceso que obligan a los públicos, de forma que se incrementa subrepticiamente la desigualdad.
No tiene sentido que se atente contra la igualdad con recursos públicos, por lo que conviene extremar el rigor en la normativa -cualquier infracción debe suponer la pérdida del concierto- y se incremente la vigilancia para evitar abusos. El asunto es serio porque sobre él pivota uno de los pilares de la democracia.
