24 de octubre de 2018
24.10.2018
Tribuna

Los Servicios Públicos padecen el ridículo reconocimiento de la insularidad

Están sometidos a una excesiva rotación de personal que apenas puede solicitar otro destino cuyo coste de vida sea más asumible

23.10.2018 | 22:01
Los Servicios Públicos padecen el ridículo reconocimiento de la insularidad
Sabían que en Ibiza el juzgado de instancia nº 5 debería haber entrado en funcionamiento el pasado 30 de junio y sigue cerrado por la imposibilidad de dotarlo de personal? ¿Y que en extranjería la lista de espera para recibir asistencia alcanza los 3 meses? ¿Ha padecido las colas por falta de personal en la Tesorería de la Seguridad Social, en el INSS, en el SEPE (antiguo INEM)€? Efectivamente, en muchos casos, la situación es desesperante.

El precio medio del metro cuadrado en las islas se sitúa en 13,5 euros al mes, muy superior al que se registra a nivel nacional, lo cual hace que lleguemos a situaciones alarmantes, por ejemplo, al personal docente que se le destina a Ibiza un curso escolar, desde el inicio, además de pagar por el alquiler cantidades vertiginosas, que obligan a compartir alojamiento en la mayoría de los casos, les detallan que en el mes de mayo (dos meses antes de acabar su tarea docente) han de abandonar el alojamiento porque los propietarios lo dedicarán a otro tipo de alquiler más rentable económicamente.

La consecuencia es que, en algunos casos, en los meses de mayo y septiembre, profesoras o profesores que enseñan y educan a sus hijas e hijos duermen en los gimnasios de los colegios en los que trabajan. Es una auténtica vergüenza.

También en el ámbito sanitario hay verdaderos problemas para poder cubrir especialidades médicas y otras tantas sanitarias, un hecho que se agrava en verano. En ese periodo alcanza a la práctica totalidad de categorías. De hecho se han tenido que habilitar habitaciones del antiguo hospital de Can Misses como residencia temporal por la extrema dificultad de encontrar vivienda en Ibiza.
Lo que he descrito es la demostración palpable de que los Servicios Públicos de Illes Balears, en especial los dependientes de la Administración General de Estado (AGE), están sometidos, muchos de ellos, a una falta de efectivos cuya cobertura se complica por no ser destinos atractivos para los aspirantes a plazas de diferentes cuerpos, escalas y categorías en las distintas unidades de nuestro territorio. Además, éstos, están sometidos a una excesiva rotación de personal ya que, en muchos casos, las personas que prestan servicios en ellos, apenas que pueden, solicitan otros destinos cuyo coste de vida sea más asumible. La situación es especialmente grave en Pitiüses, es complicada en Menorca y se está agravando a ritmo muy elevado en Mallorca.

A esta falta de personal se unen los efectos generales que han tenido sobre las plantillas la reducción de personal y la falta de reposición de efectivos que se aplicó con la excusa de la crisis y que, tal y como he mencionado anteriormente, el personal que finalmente viene a Baleares, en cuanto puede se va, originando la constante necesidad de formar a personal de nuevo ingreso y, por tanto, trastocando la necesaria estabilidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Creo que quien lea los datos expuestos seguro que constatará o ampliará los ejemplos citados. Digo esto porque la Federación de Empleadas/os de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) lleva tiempo denunciando esta situación y trabajando en solucionarla sobre todo en dos vertientes, una la de la mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan en esos puestos, y, por otra, la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía. En esa tarea hemos podido comprobar cómo el 100% de las fuerzas políticas de Balears, la totalidad de representantes políticos de ámbito autonómico, local y estatal, conocen esta vergonzosa situación, comparten la necesidad de solucionarla pero sin que, hasta la fecha, se haya podido encauzar o paliar este problema.

Su solución puede afrontarse desde muchos frentes, pero en opinión de la FeSP-UGT, la más efectiva y fácil de aplicar, con carácter de urgencia, es la actualización de la Indemnización de Residencia, el conocido como "plus de insularidad".

Para ello, es necesario tener en cuenta que la Indemnización por Residencia no es una retribución, ni básica ni complementaria, sino que es una
cantidad, de carácter compensatorio, que pretende resarcir los gastos que conlleva para el personal residir en una determinada área del territorio nacional. Es decir, debe tener una relación directa con la situación socioeconómica del territorio de residencia así como con las peculiaridades de su ubicación.

Pues bien, para alcanzar ese objetivo, que además es compartido insisto por el 100% de la representación política e institucional de Illes Balears, nuestra organización ha realizado múltiples actuaciones, las más recientes han sido solicitar en la Mesa General de Negociación, en Madrid, en junio de 2017, en febrero de 2018 y el pasado 10 de octubre, la negociación de un nuevo marco y cuantías de este concepto.
Conseguimos que el Parlament de Illes Balears aprobase en el mes de febrero una Proposición NO de Ley en la que se instaba al Gobierno estatal a la actualización de la Indemnización por Residencia.

Hemos planteado a la Consellería de Hacienda y Administraciones Públicas de Govern de Illes Balears la necesidad de incluir un apartado en el Régimen Especial para Baleares que atienda este problema y, por tanto, se dote de la financiación necesaria para solventarlo. En los mismos términos lo hemos planteado al Gobierno del Estado.

También hemos pedido la mediación de la Presidenta del Govern, Francina Armengol, ante el Gobierno de España ya que, aunque hay competencias que no dependen de la comunidad autónoma, los problemas que esta situación ocasiona sí que la padecen ciudadanos y ciudadanas de nuestras islas y, por tanto, su papel, como Presidenta, lo consideramos fundamental.

En todas estas actuaciones hemos trasladado el desfase de las cuantías que se pagan en Ceuta y Melilla y las que se abonan en las Islas Canarias con las que se abonan en Illes Balears, dada la situación socioeconómica actual de nuestro archipiélago, por ejemplo; en acceso a vivienda, coste de la cesta de la compra, comedores escolares, etc.

Es evidente que la escasez de la Indemnización por Residencia no facilita ni garantiza el arraigo, ni las inconveniencias geográficas y económicas de residir en Illes Balears. De ahí que podamos afirmar que la ciudadanía de Illes Balears soporta las consecuencias que sobre los servicios públicos tiene esta errática política.

Ante esta situación, cabe preguntarse si las distintas Administraciones están tomando medidas efectivas para resolver este problema. En opinión de FeSP-UGT la respuesta es claramente NO, sin matices.

Intentaré aportar algún dato para ayudar a entender algunas de las motivaciones que están detrás de este problema, ¿les parece atractivo solicitar, por ejemplo, una plaza de Auxiliar Administrativo en Mallorca por 43,52 € brutos más al mes que en la península? ¿y en Menorca o Pitiüses por 55,93 €? Y en el caso de ser un médico (grupo A1, el más alto de la Administración) ¿les compensaría venir a Mallorca por 93,78 € más que en la península? ¿O por 103,83 € en las demás islas?

En cambio en estas mismas categorías en las Islas Canarias percibiría como Auxiliar Administrativo en Gran Canaria o Tenerife 97,20 € (un 123 % más) o 242,93 € (un 334 % más) si residiese en otras islas del archipiélago canario. Si perteneciese al grupo A1 recibiría en Gran Canaria o Tenerife 175 euros € (un 87 % más) o 568,97 € en las otras islas (un 448 % más).
Para seguir con la comparativa, veamos que se percibe en Ceuta y Melilla por los mismos conceptos y en las mismas categorías. Como Auxiliar

Administrativo percibiría 360,01 € (un 727 % más) y si perteneciese al grupo A1 recibiría 899,20 € (un 859 % más). Estas diferencias se repiten en todos los grupos o subgrupos de la Administración.

En modo alguno se debe cuestionar la justificación de estas cuantías tanto en las Islas Canarias, que tiene la consideración de región ultraperiférica de la UE, como en Ceuta y Melilla que son territorios especiales por encontrarse fuera de las fronteras de la UE y, por tanto, tienen un estatus especial que lo justifica.

De ahí que tengan una serie de deducciones en el IRPF (50%) que también diferencian el rendimiento neto respecto de las personas que trabajan en Illes Balears. Es justo que así sea, pero lo que sí es evidente es que hay una desproporción entre las cantidades que se abonan y la realidad socioeconómica de nuestras islas. Por ello es urgente incrementar ostensiblemente las de Illes Balears.

Las consecuencias la sufre el personal que trabaja en los servicios públicos de Illes Balears, con especial gravedad en la AGE, y la ciudadanía que padece problemas en los tiempos de atención y respuesta ocasionados en gran parte por déficits de personal y por la falta de estabilidad en la plantillas.

Pues bien a partir de que tomen conciencia del problema, esperamos que cuando continuemos reclamando la actualización de estas cuantías, cuando realicemos movilizaciones, etc., entiendan el porqué de esa reivindicación y comprendan que, además de ser justa, es necesaria para la mejora de su atención en los Servicios Públicos.

En la solución de este problema intentaremos conseguir que los representantes políticos e institucionales de todas las esferas e ideologías pasen de las buenas palabras a los hechos.

Esperamos contar con su soporte y comprensión en esta tarea. Nos va mucho en ello, a todos y a todas.

* Secretario General de la FeSP-UGT Illes Balears

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