P edro Sánchez aprovechó la recepción regia del 12 de octubre para explicar en los corrillos ante los periodistas asistentes al acto cuál es su estrategia con relación a Cataluña, y, según ha referido Juliana, el presidente del gobierno enunció una vez más los tres pasos sucesivos que plasmarían la "política de mano tendida" que se ha desarrollado desde la propia investidura del presidente: primero desinflamar, después proponer y finalmente votar. No es la primera vez que lo explica pero tiene sentido que lo reitere, todavía informalmente, precisamente ahora, cuando arrecian las presiones de la derecha, alertada sin duda por la irrupción de VOX y decidida nuevamente a propalar un ambiente de crispación.
Nos encontramos obviamente en la primera fase, la de la desinflamación, que será muy trabajosa pero que ya ha comenzado a rendir algunos frutos. En la práctica, se han abierto diálogos a todos los niveles, funcionan las comisiones bilaterales y la Generalitat comienza a asomarse tímidamente a las multilaterales. Pero la distensión debe ser sobre todo social: la sociedad catalana, incluso el sector mayoritario que no es soberanista, está irritada con España, se considera maltratada y postergada por unas instituciones centrales que a su juicio no han tenido en cuenta desde hace tiempo las aspiraciones del Principado ni le han proporcionado un trato equitativo. Los catalanes, sin distinción de ideología, se consideran postergados por un sistema que privilegia la centralidad y tolera sólo retóricamente la descentralización autonómica. Y si no se repara esta percepción, si los catalanes no se sienten comprendidos, queridos y arropados, el soberanismo tendrá camino expedito para estimular el resquemor y la desconfianza, de forma que el conflicto podría llegar a no tener solución.
Para que esta desinflamación tenga lugar y la estrategia general funcione, es necesario que Madrid se comporte con tanta firmeza como sutileza. Hoy, las formaciones conservadoras, las mismas que patrocinaron junto al PSOE una aplicación delicada y limitada del art. 155 C.E., proponen explícitamente la reiteración de esta vía excepcional pero en condiciones mucho más duras, que incluirían la intervención de TV3, de la Educación, la designación de consejeros propios „comisarios políticos„ al frente de las consejerías de la Generalitat, y todo ello durante un tiempo ilimitado? Además, la propuesta ha surgido sin que se haya producido una vulneración flagrante de la legalidad vigente como las del 6 y 7 de septiembre o el propio 1-O que suscitaron en su momento la lógica intervención del Estado.
No es difícil de entender que una desmesura de estas características (que probablemente quienes la proponen no se atreverían a llevarla a término si tuvieran ocasión de hacerlo) rompería todos los puentes y reduciría el conflicto a una cuestión de orden público de alcance imprevisible. Lo que conduce fácilmente a la conclusión de que la política de mano tendida no tiene opción alternativa viable.
No es difícil de ver, además, que esa política de propuesta incansable de negociación y diálogo está haciendo estragos sobre el radicalismo. Como es lógico, una parte del soberanismo se aviene a razones y se plantea la conveniencia de corresponder civilizadamente a una invitación que se formula desde la buena fe y que en realidad es la única que puede rendir grandes frutos en el marco constitucional/europeo. E incluso en las formaciones que se niegan por principio a valorar tal propuesta „como el PDeCAT„ se empieza a atisbar el riesgo de fractura, como siempre sucede cuando se invoca el realismo en un universo utópico.
Los otros dos pasos de la estrategia ideada por el socialismo, que es fruto de la decantación de años de idas y venidas del PSC „hoy en las inteligentes manos de Miquel Iceta„ en connivencia con los sucesivos ocupantes de Ferraz, requieren escasas explicaciones: una vez restablecida la confianza en un cierto grado mínimo, será necesario proponer fórmulas reformistas que habrán de acordarse y, finalmente, desembocar en las reformas constitucional y estatutaria que habrán de ser votadas por la ciudadanía. Esta es, procesalmente, la única hoja de ruta viable para revertir un conflicto que podría reducir a cenizas el esfuerzo constructivo que hemos hecho los españoles en los últimos cuarenta años.
