La condición trágica de la naturaleza es una constante en la historia. Lo hemos vuelto a constatar esta semana con las terribles riadas que han arrasado el Llevant de Mallorca, dejando tras de sí un reguero de muerte y destrucción. Localidades como Sant Llorenç, Son Carrió o S'Illot han quedado devastadas. Los daños materiales son enormes y afectan a propiedades privadas, mobiliario público e infraestructuras viarias. Centenares de casas fueron anegadas por el agua y el fango, y decenas de coches destruidos. Más dramática aún es la pérdida de vidas humanas -doce víctimas mortales, según el último recuento oficial-, con sus familias destrozadas para siempre. La tarde-noche del martes 9 de octubre de 2018 pasará a formar parte de la memoria colectiva de nuestra comunidad como una de sus jornadas más aciagas.

Los expertos se han apresurado a señalar que no puede predecirse con exactitud una tragedia como la ocurrida esta semana. El clima mediterráneo -propenso a formar violentas "gotas frías" al final del verano- o la particularidad orográfica de nuestra costa son factores ineludibles. La cantidad de agua caída en el breve plazo de unas horas provocó el repentino desbordamiento de los torrentes, sin que hubiera tiempo de reacción. Las imágenes grabadas por los vecinos durante la riada ilustran la furia salvaje de la naturaleza que, sin detenerse ante ningún obstáculo, dejó a su paso un panorama dantesco. Y gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia y a la plena coordinación de las distintas administraciones, los daños no han sido todavía mayores. Hay que elogiar la solidaridad ejemplar demostrada por nuestra ciudadanía que se ha puesto de manifiesto a todos los niveles: desde la ayuda y colaboración entre los distintos municipios a la implicación de las instituciones privadas, desde el esfuerzo generoso de tantos voluntarios particulares a la contribución de los distintos servicios públicos del Govern y del Consell, del inmediato despliegue de la Unidad de Emergencias (UME) del ejército a la disposición del Gobierno central a declarar los municipios afectados como zona catastrófica. Es importante que este trabajo en común tenga continuidad, porque queda mucho por hacer. La prioridad principal es la ayuda inmediata a las víctimas y a sus familiares. Se deben también reconstruir cuanto antes las infraestructuras afectadas -carreteras, puentes, canalizaciones de agua, redes eléctricas y de telecomunicación, etc.- y acelerar al máximo la asistencia material a los afectados por la riada.

Una vez estabilizada la situación, a medio plazo será obligatorio extraer lecciones de esta terrible tragedia. Así como hay territorios sobre los que cierne una notable amenaza sísmica (por lo cual han desarrollado importantes protocolos de actuación), en nuestro caso las riadas constituyen la principal amenaza natural que sufrimos. Ignoramos cuándo se repetirán, pero sí sabemos con certeza que volverán a suceder. Por eso, resulta crucial que nuestras instituciones extremen sus políticas de prevención: implicando la ordenación urbana de los municipios, ampliando -o desviando- el cauce de los torrentes, potenciando la limpieza de los mismos, reforzando las infraestructuras e incrementando los medios de emergencia; estas son algunas de las medidas a considerar para los próximos años. En este sentido, es importante consultar a los expertos y obrar en consecuencia. Nuestro deber como sociedad consiste, ahora mismo, en ofrecer toda nuestra generosidad y nuestra solidaridad hacia las víctimas del 9 de octubre. Y, por supuesto, más adelante habrá que reclamar la puesta en marcha de las actuaciones necesarias para minimizar los dramáticos efectos de cualquier otro evento similar en el futuro.