La presidenta andaluza anunció el lunes, como estaba previsto, elecciones anticipadas en la comunidad autónoma para el próximo 2 de diciembre (entre la convocatoria y la consulta han de mediar 54 días). Las anteriores se celebraron el 22 de marzo de 2015, por lo que la anticipación es escasa, suficiente para evitar cualquier riesgo de que se simultaneen con las elecciones generales y en todo caso anteriores a las municipales, autonómicas y europeas que tendrán lugar en mayo próximo. Si en las elecciones andaluzas de 2015, que debían haberse celebrado en 2016, Susana Díaz argumentó desconfianza con su socio de entonces, Izquierda Unida Los Verdes—Convocatoria por Andalucía, ahora el PSOE-A y Ciudadanos han roto protocolariamente su pacto hace unos días, el 7 de septiembre, casi de común acuerdo, tras una alianza cómoda que ha dado sin embargo pocos frutos: de las 11 leyes que se pactaron a comienzos de la legislatura sólo han salido adelante tres. El documento de ruptura redactado por Ciudadanos detalla quince carencias en los más de 70 puntos acordados.
De hecho, Andalucía ya está inmersa dese hace tiempo en un clima preelectoral. El Gobierno de Pedro Sánchez celebrará un consejo de ministros el próximo día 26, en el que se supone que terminarán de restañarse (al menos en público) todas las heridas todavía supurantes, Díaz recibirá todo el apoyo del socialismo institucional y se atenderán algunas necesidades concretas de la comunidad autónoma en clave programática. Por lo demás, tanto Pablo Casado como Albert Rivera están ya centrados en los preparativos electorales, aunque en circunstancias diferentes: Rivera, con buenas expectativas, mantiene buena sintonía con su hombre en Andalucía, Juan Marín, pero el líder de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno, fue uno de los principales apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias populares, por lo que la cordialidad entre Moreno y Casado es afectada y descriptible. Tampoco Pablo Iglesias mantiene buena relación con Teresa Rodríguez, lideresa de Adelante Andalucía y de la confluencia, después del intento fallido de aquél de moverle el sillón con un candidato alternativo.
Susana Díaz no ha olvidado sin duda su derrota en las primarias de mayo de 2017 frente a Sánchez, y la sombra de aquel fracaso será seguramente un obstáculo para la franqueza y la cordialidad, pero los dos se necesitan: el PSOE, que como es lógico tiene aspiraciones de continuar en el poder tras las elecciones generales, necesita disponer del trampolín andaluz, y Díaz tiene la oportunidad de beneficiarse del éxito socialista en la moción de censura que le ha dado el poder, lo que le ayudará en el intento de repetir al menos resultado: en 2015, el PSOE logró el 35,28% de los votos y 47 escaños de un parlamento de 109 diputados. En aquella ocasión, el PP se quedó con 33 diputados y el 26,65% de los votos, muy por encima de Ciudadanos (9,24% y 9 diputados), que sin embargo ahora podría situarse por encima de los populares según las encuestas. Podemos, por su parte, se presentará junto a Izquierda Unida (no lo hizo en 2015), y el resultado permitirá valorar los efectos de su relación en el Estado con el PSOE.
Las próximas serán las undécimas elecciones andaluzas desde 1982, todas menos una ganadas por el PSOE, con cinco mayorías absolutas y 36 años ininterrumpidos de gobierno (en 2012, a poco de llegar Rajoy a La Moncloa con su mayoría absoluta, ganó Javier Arenas al frente del PP, pero el pacto PSOE-IU terminó imponiéndose). Para cierto sector de opinión, esta situación de bloqueo sería estructural y se debería a que la derecha española no ha sido capaz de entender y seducir al territorio con más atraso histórico, todavía no redimido completamente. Para otros opinantes, la hegemonía socialista se basaría en un exceso de clientelismo que vincula el voto a la omnipresencia de un sector público sobrealimentado. Sea como sea, los andaluces tienen una nueva ocasión de pronunciarse, desmintiendo o ratificando con su voto transparente las diversas teorías sobre el particular.
