Pablo Casado es la única persona que considera un triunfo que el fiscal del Tribunal Supremo le diga que posiblemente recibió un soborno. Soslayando esta incongruencia de la vida política contemporánea, la suprema fiscalía repite la jugarreta del Túnel de Sóller. Con este broche, quedan hermanados el primer y el último caso, en todos los sentidos, de la corrupción española desde la conquista del poder por parte del PP en los noventa.
El Supremo quiere liberar a Casado cortando el nudo gordiano de la prevaricación y el cohecho, que prescribe mucho antes. Lo mismo sucedió en el Túnel mallorquín, donde el altísimo Tribunal sentenció que Gabriel Cañellas había recibido un soborno, del promotor de la obra, pero que no había prevaricado con una concesión a medida. El estupor se transmite de un caso a otro sin ninguna merma en su intensidad. La decisión de la Justicia incluye una tibia victoria moral para los investigadores y denunciantes. Cañellas/Casado reciben un salomónico tirón de orejas sin repercusiones penales. Lástima no haberse enterado antes, lamentan los jueces.
La diferencia entre el Túnel y el máster todavía más oscuro radica en las ya olvidadas responsabilidades políticas. Aznar obligó a dimitir a Cañellas en 1995, pero hoy auspicia a Casado. La prescripción no todo lo tapa. Un juez americano se juega su elevación, precisamente al Tribunal Supremo, por una presunta agresión sexual que tuvo lugar cuando era adolescente. El decaimiento por plazos de las acciones penales no oculta que el presidente del principal partido de España luce en su currículum un master patentemente falso y regalado, probablemente por su condición. ¿Va a mantener ese título en futuras ediciones de su autobiografía? En cuanto al categórico dictamen del fiscal, procede de la misma instancia que logró incrustar a Yoko Ono y Julian Assange en una querella por rebelión en España.
