Es arriesgado adentrarse en este espinoso asunto del mercado eléctrico sin ser un especialista en la materia y sin haber analizado con gran rigor la situación actual, el sistema por el que se rige nuestro modelo y las distintas opciones alternativas, pero a veces los asuntos intrincados requieren un desmenuzamiento que sólo el profano, relativamente profano, es capaz de efectuar con espontaneidad y recurriendo al sentido común, que en ocasiones falla cuando se habla un sector tecnológicamente complejo.
Ante la subida desaforada de la electricidad, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció el miércoles en el Parlamento que el Gobierno suprimirá transitoriamente el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP con José Manuel Soria como ministro de Industria, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores. Tal medida reducirá algo más de un 2% el precio, que como es conocido ha alcanzado máximos históricos este final del verano. Una paradoja si se piensa que en los meses precedentes ha habido lluvias muy copiosas, los embalses están llenos y abunda por tanto la energía hidroeléctrica, que es gratis una vez amortizadas las instalaciones.
Ante todo, hay que manifestar que sólo un cínico o un ignorante puede invocar las reglas del mercado para justificar lo que está ocurriendo en el sistema eléctrico español, que además de constituir un claro oligopolio de oferta, se rige por criterios arbitrarios en que el único interés que no cuenta es el del consumidor. Este año, en que ha llovido mucho y los embalses están a rebosar, se ha disparado el precio del CO2, que ha pasado de los ocho euros por tonelada a los más de veinte actuales, lo cual ha incrementado el precio de la electricidad más cara, obtenida mediante centrales de ciclo combinado (gas), y al ser esta la referencia que marca el precio, quienes explotan energía hidráulica y nuclear están obteniendo unos beneficios exorbitantes, caídos del cielo (nunca mejor dicho). Ya un informe de 2005, "El libro blanco de la electricidad", encargado por el Gobierno del PSOE, recogía este sinsentido, advertía de "un desequilibrio muy fuerte en contra de los consumidores, a la vista de los amplios márgenes previsibles de explotación de las tecnologías hidráulica y nuclear" y proponía "neutralizar los ingresos sobrevenidos" (los famosos windfall profits). Obviamente, nada se ha hecho.
Las empresas del sector aseguran que el sistema español es el mismo que impera en nuestro ámbito occidental, lo cual es sólo una verdad a medias y en todo caso es un axioma que no debe pervertir la racionalidad económica. La formación del mix -con las nucleares produciendo constantemente, las renovables a continuación y el ajuste fino de la oferta a cargo de las centrales de energías fósiles y de la energía hidráulica- debería valorarse a un precio compuesto que tuviera en cuenta los costes respectivos. Es sencillamente indecente que tengamos que pagar la energía hidráulica, obtenida de presas centenarias que utilizan turbinas amortizadas varias veces, al precio de la energía derivada del carbón o del gas. Habrá que buscar el medio de pactar la formación del precio entre el Estado y las compañías, y si no se logra tal objetivo fácilmente, nada debería oponerse a que existiera una empresa pública de generación que sirviera de referencia para establecer objetivamente los costes reales y los precios correspondientes. La planificación indicativa, que ya existe de hecho puesto que se fomenta a voluntad la generación mediante renovables, habría de utilizarse para abaratar precios y obtener gradualmente una electricidad lo más limpia y barata posible. La reforma estructural es, en fin, inaplazable.
Es un tópico que las eléctricas han utilizado tanto las puertas giratorias para dar acogida a políticos en retirada que en la práctica las leyes del sector han sido dictadas por el oligopolio. Si no es así, desde luego lo parece. Y para que no siga pareciéndolo, habría que buscar un equilibrio entre el sector industrial de la energía -en el que tienen depositados sus ahorros muchos ciudadanos- y el interés de los consumidores, familias y empresas. La productividad del país daría un importante salto sin duda.
