Difícilmente puede desarrollarse una sociedad sin apostar consistentemente por el capital humano. Los círculos virtuosos se alimentan de una suma de pequeños factores que empujan en la dirección adecuada: la importancia de la etapa infantil, por ejemplo, que incide en muchas de las habilidades no cognitivas de nuestra personalidad; o la influencia del hábito lector, clave en el éxito escolar. La elevada productividad laboral, característica de los países escandinavos y de Alemania, por citar otro ejemplo, se fundamenta no sólo en la calidad de sus escuelas, sino también en un denso tejido industrial que acerca la empresa a los grados formativos. Por supuesto, no existe una sola causa que explique el buen funcionamiento de una sociedad ni tampoco hay un solo camino para llegar a él. Pero, al final, el sello de una sociedad civilizada consiste en una serie de características ampliamente compartidas, como el respeto a las normas, la elevación del nivel del debate público, la capacidad de integrar la pluralidad y las diferencias culturales, la valoración del esfuerzo personal o la solidez de las iniciativas colectivas.

Debido a su importancia, ningún esfuerzo que se realice en educación y en cultura va ser nunca del todo suficiente. El Govern Armengol llegó al poder en medio de una grave crisis en el sector, tras la enorme contestación que suscitó el proyecto TIL que había iniciado el anterior ejecutivo de José Ramón Bauzá, a lo que se añadían los fuertes recortes presupuestarios exigidos por Bruselas. Con buena parte del profesorado en pie de guerra, el primer objetivo del nuevo Govern fue pacificar la comunidad educativa; propósito que en gran medida se ha llevado a cabo y cuyo mérito hay que atribuir al equipo del conseller Martí March. Sin embargo, los retos que afronta la escuela en nuestra comunidad siguen siendo muchos y complejos. Pensemos, por ejemplo, en el incesante aumento del número de alumnos -cerca ya de los 168.000 en total-, con la peculiaridad de que buena parte de los recién llegados se matricula fuera de plazo, dificultando así la correcta planificación de los recursos. A pesar de todo, la conselleria cuenta para este curso con la cifra más elevada de docentes de su historia -más de 15.000-, lo que ha permitido, entre otras cosas, reducir las ratios en las aulas de infantil. Resulta también especialmente preocupante el déficit estructural que afecta a las instalaciones educativas y que se traduce en una cantidad inadmisible de aulas prefabricadas en los colegios de las islas, lo cual -como recordaban los portavoces de Podemos esta misma semana- constituye un evidente incumplimiento de los acuerdos de legislatura. Si el Govern Bauzá dejó el poder con 93 aulas modulares, la conselleria de Martí March encara su último curso con 116 "barracones", a pesar de los 44 millones de euros invertidos en los colegios a lo largo de esta legislatura. Parece obvio constatar que el esfuerzo inversor sigue siendo insuficiente.

En el fondo, sin un Pacto de Estado que priorice la educación, se hace difícil aspirar a mejorar consistentemente nuestros resultados académicos. Ello requiere marcos legislativos estables, currículums rigurosos, atención temprana a la diversidad, fuertes inversiones en infraestructuras y una mejora en la selección y en la formación del profesorado, además de conceder más autonomía a los centros. España, y Balears más en concreto, salen mal paradas en los estudios internacionales, como sucede con los famosos Informes PISA. El fracaso escolar sigue en cifras muy preocupantes, anunciando una profundización de la fractura social. Por ello mismo, la ciudadanía debería ser inflexible en la exigencia de un gran Pacto de Estado. Y lógicamente es fundamental que los políticos nacionales y autonómicos sean conscientes de ello.