Nadie ignora que es imposible actuar penalmente contra el Rey, a diferencia de Jefes de Estado como Trump, Sarkozy o Lula. Sin embargo, el fervor absolutorio del presunto acusador público y del juez instructor respecto a Juan Carlos I obliga a plantear si se puede ser demasiado inviolable. La inexpugnabilidad es un término radical, pero las instancias judiciales han extralimitado este privilegio hasta el atropello, concediendo a su beneficiario un tinte faraónico. Están encantados de que la justicia sea desigual para todos. Los textos serviciales olvidan en primer lugar que Corinna no formulaba acusaciones en el vacío, sino como compañera de larga duración y receptora de importantes prebendas del monarca.
No saben ustedes a quiénes están investigando, le recrimina la Audiencia a una ciudadanía que solo aspiraba a conocer mejor lo sucedido. La afabilidad congratulatoria hacia Juan Carlos I contrasta con el tono represivo y reprensivo en que la misma institución se dirigía a una pobre tuitera, que se atrevió a cometer chistes sobre Carrero. Ningún funcionario consideró allí que los indicios fueran "extraordinariamente débiles" o "notoriamente insuficientes", sino dignos de la hoguera.
Al divinizar sin objeciones a reyes demasiado humanos, los jueces le hacen un flaco favor a una monarquía que los ciudadanos desean low cost y de baja intensidad. Se repite la contradicción de que Felipe VI fuera más duro con la Infanta que tribunales predispuestos a la genuflexión ante la Familia Real. De hecho, el monarca vigente expulsó a su padre del veraneo familiar en Mallorca, una tradición secular. Con los criterios de inocencia a toda costa aplicados a Juan Carlos I, ningún político español hubiera sido condenado por corrupción. Por no hablar de una sobreactuación innecesaria, pues como dice un personaje de Eduardo Mendoza en El rey recibe con cierta ironía, "un rey se necesita siempre".
