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Antonio Papell

Ética para políticos

El caso de los másteres es revelador en varios sentidos. En realidad, salvo que exista falsificación documental, la sucesión de casos que jalona la dudosa trayectoria de la Universidad Rey Juan Carlos no tiene seguramente relevancia penal. Pero indica un estado de cosas, una concepción de lo público, absolutamente indeseable e incompatible con la transparencia que debe caracterizar un sistema democrático avanzado. Algunos cátedros complacientes daban "facilidades" a personalidades con cierta notoriedad para cursar determinados másteres a título decorativo, con lo que, además de dar realce a su propio papel y al de la institución, otorgaban favores que en cualquier momento podían ser correspondidos. Montesquieu retrató con sutileza este estado de cosas deslizante y viscoso en que los poderosos se adulan entre ellos y malversan los recursos de todos: "No son sólo los crímenes los que destruyen la virtud, sino también las negligencias, las faltas, una cierta tibieza en el amor de la patria, los ejemplos peligrosos, las simientes de corrupción; aquello que no vulnera las leyes, pero las elude; lo que no las destruye, pero las debilita".

Todos los señalados por el escándalo de los másteres han hecho airadas protestas de honradez. Ellos se limitaron a hacer lo que les dijeron, no pidieron favores, no se aprovecharon conscientemente de su posición... ¿Y no les extrañó tanta facilidad a la hora de conseguir una acreditación que al común de los mortales cuesta sangre, sudor y lágrimas? ¿No les pareció extraño que una universidad occidental, de uno de los países más desarrollados del mundo, controlada por una ANECA que en teoría es un dechado de rigor, se obtuvieran los galones sin esfuerzo alguno? ¿No se les pasó por la cabeza que aquella afectada afabilidad, que aquel mimo con que les trataban los profesores -que siempre deben tener un punto adusto para imponer respeto- era en realidad una adulación con contrapartidas?

En los últimos tiempos, se ha hablado mucho en este país de corrupción, y de hecho hay bastante gente en las cárceles por haberse lucrado ilegítimamente, desde yernos de reyes a expresidentes regionales, pasando por banqueros y políticos. Pero no hemos aprendido demasiado de la experiencia. Ya se sabe que no se debe robar a manos llenas, que está mal defraudar al fisco, que no es tolerable el cohecho... Pero la corrupción más perversa, la que más daño hace a la credibilidad de lo público es la que se desliza por los intersticios de las relaciones políticas y sociales otorgando privilegios, fortaleciendo corporativismos casi invisibles, lesionando la igualdad de oportunidades, pasando por alto fallos garrafales que producen perplejidad en la ciudadanía.

El caso de los másteres es, en realidad, una derivación de otras carencias y debilidades que hace años que se manifestaron en la Universidad Rey Juan Carlos, que siempre ha sido considerada, con razón o sin ella, la universidad del PP. Porque conviene recordar que el anterior rector, Fernando Suárez, fue un incontinente plagiario, denunciado por la prensa insistentemente sin que las autoridades académicas y políticas reaccionaran con la prontitud que parecía reclamar un caso tan grave. Tampoco en su universidad hubo una respuesta proporcionada a una inmoralidad tan elocuente. Un periódico relataba así el desenlace: "Pese a los quince plagios contrastados, Suárez nunca dimitió. El exrector fue incluso ovacionado en los últimos consejos de gobierno en los que participó antes de marcharse de la universidad. Decidió no volver a presentarse y dejó a Ramos, su delfín, como candidato para las elecciones, que ganó con un 58% de los votos. Este, antes de llegar al cargo, se saltó la ley de incompatibilidades y fue durante cuatro años director de una empresa y funcionario. Ramos competía contra Rosa Berganza, catedrática de Comunicación Política, que llegó a afirmar en una entrevista: "Nuestro sistema funciona como toda una red clientelar montada arduamente por el rector actual [entonces Suárez] y por el anterior [ Pedro González-Trevijano, actual magistrado del Constitucional] con unas prácticas al más puro estilo mafioso de amedrentamiento a la hora de levantar voces críticas o simplemente que no han permitido el diálogo ni el espíritu crítico sino todo lo contrario". ¿Qué se podría esperar de semejante relato?

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