Circula estos días uno de esos textos de copia y pega que asegura que si le das difusión a cierto mensaje, Facebook te permitirá seleccionar qué amigos quieres que sean más visibles en tu muro de la red social. El trato parece menos fiable que una moneda de cuero, pero la cadena funciona gracias al por si acaso y a que nunca dedicamos el tiempo necesario a conocer cómo funciona un algoritmo. Por eso, en internet solemos tragarnos enteritas las mentiras. Incluso por muy rocambolescas que parezcan, acaban siendo reales porque la gente se las cree y lo mismo sucede con algunas certezas, que se convierten oficialmente en falsedades con que las niegue uno solo pero con mucho poder. En esto, según hemos visto, los tuits son muy socorridos.
Afortunadamente el periodismo es otra cosa y lo comprobamos de nuevo con el caso de los másteres fraudulentos en cadena. Si no fuera por la prensa, ¿habríamos sabido que la Universidad Rey Juan Carlos presuntamente concedió titulaciones a medida a, por lo menos, tres destacados políticos? Las irregularidades que apuntan al Instituto de Derecho Público parecen difícilmente rebatibles con la exhaustividad de la información que se ha ido proporcionando, en contraste con los débiles e insuficientes argumentos esgrimidos en su defensa por cada uno de los dirigentes hasta hoy señalados. Esta semana, la versión de la ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, sobre su título en Estudios de Género en la Universidad Rey Juan Carlos no ha superado la prueba. Hay que reconocerle su buena iniciativa al frente del ministerio estos tres meses, con medidas como el restablecimiento de la tarjeta universal para el sistema de salud, pero falló al no poder explicar con argumentos lógicos por qué sus notas del posgrado fueron manipuladas, así que su dimisión era inevitable. El espacio público de la política no es lugar para sostener discursos incoherentes ante hechos que no cuadran y con Montón entre las filas del Gobierno, al PSOE y a sus socios en el Congreso les habría costado un horror mantener la coherencia en un curso parlamentario muy reñido, con la investigación sobre el máster del líder del PP, Pablo Casado, en marcha, y, en el horizonte, la campaña electoral de las autonómicas y municipales, que será un termómetro para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Al margen de este debate, conviene impedir que este episodio del supuesto fraude en la Rey Juan Carlos envenene la imagen de todo el sistema universitario, un espacio que ha experimentado una transformación espectacular en los últimos años sobre todo en dos aspectos. En primer lugar la enseñanza cada vez se adapta más a la disponibilidad de los estudiantes, gracias a la tecnología, y actualmente es posible recibir una buena formación desde aulas virtuales, lo que en ningún caso significa que se esté regalando nada; por otra parte la especialización ha favorecido la aparición de nuevos formatos muy accesibles tanto en coste como en soportes, que no conducen necesariamente a una titulación oficial pero cuyos contenidos pueden llegar a competir en el mercado profesional con los de las certificaciones homologadas. Hay mecanismos de supervisión para evitar el fraude; otra cosa es la honestidad de quien los tiene que manejar, porque vulnerar los procedimientos es una posibilidad que existe desgraciadamente en cualquier entorno y lo que hay que hacer, como siempre, es procurar que los controles funcionen y, sobre todo, utilizarlos. El recelo ciudadano hacia la universidad en su conjunto a raiz del escándalo de los másteres es inevitable, porque la opinión pública tiene sus propios resortes y en ocasiones penetran mucho más y son más efectivos que los canales tradicionales de los medios de comunicación, aunque se trate de generalizaciones sin fundamento. Y a esa cadena de humo también habrá que enfrentarse con información.
