El domingo se cumplieron cien días del gobierno de Pedro Sánchez (uno no cree en el valor de las efemérides pero sí en los análisis periódicos de la marcha de las instituciones), y es ya visible el rumbo del socialismo en esta nueva etapa en que, dígase lo que se diga, ha sido necesario improvisar el itinerario, algo inevitable por el propio desencadenamiento de los hechos: era imposible prever la oportunidad y el éxito de la moción de censura que nos ha traído hasta la situación actual.
Los tres meses de gobierno de Pedro Sánchez, han rendido un fruto relativamente airoso porque el presidente del Gobierno disponía de un banquillo considerable, atinó en general con la selección de los ministros y encontró receptividad en la mayoría de los elegidos, incluidos los dos pesos pesados del gabinete, Borrell y Calviño, que le otorgan solvencia, densidad y credibilidad. Pero tanto por la subitaneidad del tránsito como por la falta de preparativos, ha sido necesario modular sobre la marcha la mayoría de las propuestas hasta afinarlas y lanzarlas hacia la ejecución. Dos ejemplos explican la improvisación, lógicamente aprovechada por la oposición para desacreditar al gobierno: por una parte, tras decidirse la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, se ha visto por pura reflexión que aquella petrificación horrenda del nacionalcatolicismo no podía ser un centro de reconciliación y había de reducirse a simple cementerio civil; por otra parte, la gestión del contrato de suministro de armamento a Arabia Saudí firmado por el gobierno anterior requería más sutileza que la simple denuncia del acuerdo si se querían evitar efectos colaterales indeseables
Es claro que la coordinación interna de un gobierno es cuestión ardua, que los Ejecutivos tardan en conseguir. Pero, destrezas aparte, lo más relevante de esos 100 días largos transcurridos es el cambio de horizonte y de estilo, que han acreditado que se puede gobernar de otra manera. O sea, que la alternancia sigue siendo uno de los impulsos motores de la democracia.
La mudanza se ha hecho visible en dos grandes ámbitos: por una parte, el objetivo clave del crecimiento económico se ha modulado y, sin renunciar a él, ni por supuesto a las constricciones que imponen los Tratados de la Unión, ahora cobran predominancia otros elementos como la equidad, la integración de quienes están en riesgo de exclusión, la calidad del empleo, la necesidad de que las rentas del trabajo incrementen su participación en la renta nacional, la recuperación de los derechos sociales laminados por dos reformas laborales de emergencia, la mejora de la formación para reducir el desempleo de larga duración, etc.
Por otra parte, ha aparecido un impulso encaminado a potenciar la equidad y las grandes libertades: en el ámbito programático -limitado por la debilidad del soporte parlamentario- se incluye la eliminación de los recortes en la prestación de los grandes servicios públicos, la búsqueda de un consenso educativo -y en el entretanto, la eliminación de los rasgos elitistas de la ley Wert como los itinerarios prematuros y las reválidas-, la desactivación de la ley de seguridad ciudadana, etc.
Ambos vectores tienen sin duda una traducción socioeconómica socialdemócrata: harán falta más recursos, pero no cabe desatender los equilibrios pactados con Europa ni castigar con nuevos impuestos a las clases medias, por lo que se aproximan delicadas reformas fiscales en que la equidad habrá de imponerse sobre la austeridad.
En estos cien días ha cambiado también el cariz del principal conflicto que tenemos abierto, el catalán. La insistencia del Estado en avanzar por la vía de la negociación y el diálogo al mismo tiempo que se exige el imperio de la ley sin condiciones anuncia un viaje arduo hacia el desenlace, que nadie puede garantizar. Pero constituye la única vía hacia la distensión y la conllevancia (la otra vía es la dramática, que habría que excluir en todo caso). Ya se sabe que algunos piensan que este camino ingenuo no llevará realmente a parte alguna, pero se equivocan: el hecho de haberlo intentado de buena fe, siempre dará a los representantes del Estado una cuota suplementaria de razón ante cualquier desmán que pueda producirse.
