La noticia es que solo una inmobiliaria mallorquina ha sido intervenida por la Guardia Civil, acusada de cobrar por la venta de casas que ni pensaba ni podía levantar. Los constructores que no construyen deberían ser una bendición, y recibir un premio de la autoridad. Mantienen vivo el ciclo económico de bancos, notarios y registradores sin dañar el medio ambiente. Por supuesto, los compradores no le interesan a nadie. Decenas de afectados después, no se había producido ninguna actuación radical. La misma autoridad de antes estaba revisando que la ocupación no dañara a los apellidos intocables de la isla, facilitando así la huida de uno de los responsables.
Tras una operación de este tipo, proliferan los manifiestos que repiquetean la excepcionalidad del fraude, y la pureza conmovedora del sector. Repasemos. La entrada en las oficinas de Cala Major se produjo al día siguiente de la inauguración de la sede, bautizada con un sonoro Mallorca Investment. Añadiendo solo una letra a esa denominación, y con administradores diferentes a los detenidos, nos encontramos con otra inmobiliaria que aparece en los papeles de Panamá, y con sucursales en Bahamas o Luxemburgo. Ya se sabe que bahameños y luxemburgueños son los mayores compradores de casas de la isla. Si cambiamos el Mallorca por Balears, nos golpea otra inmobiliaria que también aparece en los papeles de Panamá. Y cuando surgen problemas de atribución, se altera la denominación de la empresa, como ha hecho el gran promotor alemán y campeón del fraude a Hacienda.
Si el sector inmobiliario es tan sensible al daño reputacional, debió denunciar un comportamiento que era sobradamente conocido desde hace meses por cualquier empresa con una conexión a internet, donde figuran múltiples denuncias. Sobra añadir que ninguna de las inmobiliarias aquí citadas recibió jamás la visita de la autoridad armada.
