Italia es un gran país, aplastado como casi todos los europeos por el peso de su propia historia. Orson Welles, enamorado de todo el Mediterráneo, declaró sobre Italia que era un país desconcertante pues en treinta años de dominación de los Borgia hubo abusos, matanzas y asesinatos, pero también surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En cambio -añadió-, Suiza había disfrutado de quinientos años de democracia y paz, pero el resultado había sido el reloj de cuco. Pero fue Montanelli quien más incisivamente la retrató en su rabiosa contemporaneidad: "Los italianos son unos supervivientes. Ningún pueblo sería capaz de resistir nuestros desórdenes y nuestros escándalos, nuestro caos político y nuestro hundimiento económico. El verdadero milagro de Italia consiste en haber sobrevivido a los italianos".
La tormentosa Italia posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido un gran caos político, que sin embargo ha permitido que el país sureño sea la tercera potencia europea si hace exclusión del Reino Unido, tras Alemania y Francia (y seguida de cerca por España). Por eso es incomprensible que en un país de los más desarrollados del mundo suceda el colapso de un gran viaducto como el de Polcevera, que fue un día un portento de modernidad pero que no ha sido capaz de soportar la decrepitud de la edad y la falta de un mantenimiento adecuado.
El puente que ha colapsado en Génova, inaugurado en septiembre de 1967, obra del ingeniero y arquitecto Riccardo Morandi, fue construido con (entonces) modernas e incipientes técnicas de hormigón armado pretensado, que también aplicó a otros puentes todavía en pie como el de Maracaibo en Venezuela (que tuvo que ser reparado después de que colisionara con él un buque de carga). Pero el viaducto de Polcevera no fue funcional: ha sido un constante quebradero de cabeza para los ingenieros que lo han mantenido. Ha habido que reponer tensores -hace veinticinco años se le sometió a una gran reparación para sustituir los tirantes de una parte del puente- y el hormigón armado ha padecido un deterioro mucho más intenso que lo previsto inicialmente. En definitiva, la infraestructura quedó hace décadas tecnológicamente obsoleta, con lo que crecía la amenaza de un colapso provocado por cualquier contrariedad, y hace tiempo que se hubiera debido sustituir por otra moderna, construida con técnicas más avanzadas. Pero gran parte de las infraestructuras italianas está envejecida y no ha habido recursos para la oportuna modernización, ni siquiera para una conservación adecuada. Cualquier incidente imprevisto, como un movimiento de la cimentación debido a lluvias extraordinarias, puede haber provocado la catástrofe. Tiene razón, seguramente, el fiscal italiano que ha descartado el carácter fortuito del siniestro y habla de error humano. Conocidas las deformaciones y vicisitudes del puente, debió quizá tomarse hace tiempo la decisión de sustituirlo.
¿Podría suceder algo así en España? Con un elevado grado de probabilidad puede asegurarse que no en lo tocante a las infraestructuras críticas, que están sometidas a una supervisión pública intensa y profesional. Hechos como el acaecido en Vigo días pasados -el hundimiento de una plataforma portuaria con cientos de heridos- demuestra que no cabe generalizar en exceso porque el control no alcanza, quizá, a estructuras secundarias que deberían ser también supervisadas, pero nuestro Estado descentralizado garantiza la seguridad básica: en las centrales nucleares, las grandes presas, los grandes puentes, etc.
En cualquier caso, no deberíamos dejar de aprovechar la oportunidad para una reflexión pertinente: al Estado, a lo público, no sólo le corresponde la edificación de grandes obras públicas que modernicen el país y le confieran productividad: también ha de conservarlas. Los presupuestos para infraestructuras han de incluir una partida de conservación si no se quiere que el patrimonio sufra daños irreparables e irreversibles. Con la crisis, este criterio no se ha cumplido, por lo que es urgente rectificar la estrategia. Ya se sabe que las obras de mantenimiento y conservación no se inauguran (no valen para el lucimiento del político), pero los políticos -los administradores- tienen la obligación de preservar el patrimonio común. Y de evitar siniestros como el de Polcevera.
