La negativa de Alemania a cumplimentar la euroorden cursada por España contra Puigdemont por un delito de rebelión y otros conexos ha sido endosada intencionadamente al ámbito analítico del Derecho, con lo cual se ha evitado un grave conflicto político entre los dos países. Porque, no nos engañemos, la extradición, y en consecuencia la tramitación de la referida euroorden, es un acto de soberanía, de forma que no existe el automatismo que caracteriza a los asuntos que cursan en el territorio estrictamente judicial. España no podría reprochar a Alemania que condenase o dejase de condenar a un ciudadano español con arreglo a las leyes y a los procedimientos internos establecidos, pero este no es el caso: lo que ha ocurrido con Puigdemont es que un tribunal regional ha violentado la decisión marco del Consejo Europeo de 13 de junio de 2002 relativa a la euroorden y a los procedimientos de entrega ente Estados miembros, ante la indiferencia y la pasividad del Estado alemán, partícipe en aquel Consejo y por lo tanto coautor de la norma por su pertenencia a la Unión Europea.
El aspecto jurídico del caso, de índole técnica, es el que nos ha obligado a la prudencia a los analistas políticos (y también, probablemente, a los propios políticos). Pero cada vez es más clara la impertinencia de la resolución del Tribunal del land alemán de Schleswig-Holstein. Un jurista de la solvencia y de la templanza de Eduardo Torres-Dulce, que fue fiscal general del Estado entre 2011 y 2014 y que goza de amplísimo reconocimiento técnico y moral, ha publicado un incontestable y rotundo artículo titulado "Schleswig-Holstein: baile de máscaras" en que argumenta el desatino cometido por el tribunal regional alemán, que "desbordó la norma europea y la vació de contenido al interpretar los hechos a la luz de la jurisprudencia alemana y no atenerse al relato del juez instructor". En definitiva, lo que según la institución de la euroorden debió hacer el tribunal germano era comparar el delito de sedición del artículo 472 del Código Penal español con el delito de alta traición a la Federación del artículo 81 del Código Penal alemán, aceptando la tipificación que había hecho el juez español de los delitos y sin entrar en el relato fáctico español justificativo de la tipificidad. En otras palabras, el tribunal alemán "examinó" al Tribunal Supremo español como lo haría un tribunal de casación, algo que desvirtúa por completo el espíritu de la euroorden, que se basa en la convicción de que todos los tribunales comunitarios son igualmente ecuánimes porque están integrados en regímenes democráticos equiparables.
En el aspecto político, sin embargo, el Estado alemán pudo hacer más. ¿Por qué la fiscalía germana no recurrió una decisión que aparentemente vulneraba los tratados internacionales que vinculan a Alemania con la Unión Europea? De este modo, al menos la decisión judicial final hubiera quedado a cargo de un tribunal de rango equiparable al tribunal español que presentaba la euroorden. Porque parece aberrante jurídicamente que la máxima instancia jurisdiccional de nuestro país fuera desautorizada por un tribunal alemán de nivel regional.
El Gobierno español de Mariano Rajoy no hizo movimiento alguno. Se escudó en el proverbial respeto a las decisiones judiciales y tuvo que ver cómo, con buen sentido y claramente humillado, el Supremo retiraba la euroorden para evitar la inequidad que hubiera supuesto no poder juzgar todos los inculpados por el 1-O con la misma vara de medir. Cualquier europeo medianamente informado habrá pensado que España ha hecho el ridículo este asunto, ya que Alemania ha tenido que moderar los ímpetus justicieros de un Estado que se defiende ante un intento secesionista. Y el anterior gobierno español no es inocente por su inoperancia.
La euroorden no sólo es una herramienta para luchar contra la delincuencia común o contra el terrorismo: también debería ser un arma frente al populismo que abomina de las democracias parlamentarias y que se manifiesta de diversas formas, también la ultranacionalista, en la Europa unida. Con toda claridad, Alemania no lo ha entendido así. Y la euroorden ya no tiene valor político en la UE ni sirve para defender la democracia clásica de sus principales enemigos.
