Parece que no todos nos hemos percatado completamente de lo que acaba de pasar en el proceso político español. Nunca había sucedido en España, y tampoco es frecuente en el resto de la geografía democrática del mundo, que el gobierno de un régimen maduro carga por la acumulación de episodios de corrupción, cuya saturación judicial colma un vaso que acaba desbordándose con estrépito.
Aquí, la caldera de la capacidad de resistencia colectiva fue adquiriendo presión hasta que un hecho singular provocó el estallido. Fue una sentencia, la del caso Gürtel, en que los jueces aseguraban que la palabra testifical del presidente del Gobierno no ofrecía credibilidad y que el PP había tenido durante muchos años una ´caja b´, la que engendró el milagro: la moción de censura de Pedro Sánchez agrupó suficientes votos heterogéneos para provocar el vuelco. Pronto se vio que la decisión judicial había sido el detonante pero que, en realidad, el hartazgo era mucho más complejo y de mayor calibre. El país, víctima de una atonía que llegó a parecer insuperable, no había recuperado en realidad el pulso todavía tras la profunda crisis. Hacía falta un revulsivo como el que ha llegado, con una gran aprobación popular, que se produjera el despegue de las ilusiones, según se desprende de las últimas encuestas.
Pues bien: el cataclismo era también una gran oportunidad para el PP, que ha tenido ocasión de dejar atrás un estilo cansino y paralizante de gobierno y proceder a una gran renovación de personas e ideas. Al tempo que se libraba -se suponía— de cualquier rastro de venalidad, corrupción o frivolidad contable. Y, sin embargo, el candidato elegido, por vez primera a través de un proceso de primarias, un joven político dieciocho años más joven que Rajoy, tiene aparentemente un grave baldón en el currículum.
En efecto, la juez que ha estudiado el caso, y que finalmente ha dado traslado al Supremo de las actuaciones por ser Casado persona aforada (diputado en el Congreso), ha llegado a la conclusión que el Máster de Derecho autonómico impartido en la Universidad Rey Juan Carlos fue un fraude puesto que el responsable del mismo permitió que un grupo de alumnos obtuvieran el título "sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno". En su escrito al Supremo, de 54 páginas, la juez explica que "sólo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional" y, en definitiva, concluye en que a Casado le regalaron el título "a modo de prebenda o dádiva". De hecho, la versión que había dado el propio Casado, según la cual el Máster le fue otorgado por la convalidación de casi todas las asignaturas, excepto cuatro en las que obtuvo notable presentando unos livianos trabajos, insinuaba un trato de favor descarado y evidente. Idéntico al que costó el cargo a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, por los mismos o muy parecidos hechos en la propia URJC, considerada afín al PP.
La existencia o no de materia penal sólo podrá ser evaluada por el Supremo. Pero si Casado resulta incriminado, su posición será insostenible. La sensibilidad de la ciudadanía está ya a flor de piel y no son admisibles ni más trampas ni más simulacros ni más renuncios: hace falta que la clase política se imbuya de un ambiente de salubridad general, que le restituirá poco a poco la credibilidad perdida.
No se trata, es obvio, de emprender cacerías inquisitoriales contra las personas para detectar posibles elementos invalidantes sino de devolver la ética y la dignidad a lo público, de forma que sea inconcebible que -pongamos por caso- una Universidad sospechosamente cercana a un partido político determinado "regale" materialmente títulos a los adeptos. Hemos de construir una comunidad más sana en que semejantes conductas sean no sólo perseguibles sino inconcebibles y en que la sanción moral sea más importante y dura que la penal. Estamos en camino de ello pero evidentemente no hemos llegado todavía a la meta.
