El pasado 27 de julio, el Consejo de Ministras y Ministros del Gobierno de España, aprobó el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud. Este RDL devuelve el derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español. Un derecho que había sido restringido por el RDL 16/2012 aprobado por el Gobierno del PP y que dejó sin protección sanitaria a una parte de la población. En consecuencia, el RDL 16/2012 no garantizaba ni la salud individual ni la prevención de los riesgos potenciales que para la salud pública conllevaba la falta de asistencia sanitaria a colectivos vulnerables. Además, ese RDL suponía romper con el principio de universalidad de los antecedentes normativos existentes en nuestro país, así como en los compromisos internacionales adquiridos por España.
En cambio, el nuevo RDL 7/2018 hace efectivo el cumplimiento de los tratados internacionales de carácter vinculante suscritos por España, el mandato contenido en el artículo 43 de la Constitución Española, y los principios de igualdad, solidaridad y justicia social. En palabras de la ministra de Sanidad, Carmen Montón: "Una sociedad justa no deja a nadie atrás". De nuevo, un gobierno socialista devuelve derechos sociales a la ciudadanía, cercenados por los gobiernos de derechas. En la elaboración de la nueva norma, se han tenido en cuenta informes y recomendaciones de organismos internacionales, la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo, las Comunidades Autónomas y la sociedad civil. Se han atendido también las peticiones de derogación o de modificación del RDL 16/2012 por parte de esas organizaciones, así como de sociedades científicas, organizaciones profesionales, partidos políticos, sindicatos y movimiento asociativo vinculado al mundo sanitario y social.
El RDL 7/2018, aprobado por el Gobierno socialista, presidido por Pedro Sánchez, se articula esencialmente en torno a tres ejes. El primero, la titularidad del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga de la condición de asegurado. Se parte de la premisa de que el acceso al SNS en condiciones de equidad y universalidad es un derecho de toda persona. En la reglamentación internacional, la protección de la salud se reconoce como un derecho inherente a cualquier ser humano, sin elemento discriminatorio alguno.
El segundo es que la competencia con relación al reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria se atribuye al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y no al Instituto Nacional de la Seguridad Social. En aras de no comprometer la sostenibilidad del SNS, la norma establece los criterios para evitar el uso inapropiado de este derecho. Es de sobra conocido que el acceso universal a la asistencia sanitaria no supone un incremento en el coste para las arcas públicas. Más bien al contrario, unos cuidados sistematizados desde la Atención Primaria de Salud (APS) conducen a un mejor manejo de las patologías individuales y a una mejor salud pública comunitaria. De esta forma, se ahorra en urgencias en hospitales o en APS y, especialmente, en ingresos hospitalarios.
El tercer eje crea un marco de seguridad jurídica tanto para las personas que precisen atención sanitaria y protección de la salud como para las y los profesionales sanitarios que presten este servicio público. A fin de resolver la exclusión sanitaria de una parte de la ciudadanía, motivada por el RDL 16/2012, las Comunidades Autónomas elaboraron distintos procedimientos con diferentes normativas. Así, el Govern de les Illes Balears, presidido por Francina Armengol, retornó el acceso universal a la asistencia sanitaria a los diez días de constituirse. Actualmente, la mayoría de esas iniciativas de las CCAA están impugnadas y/o anuladas, por lo que se producía una inequidad y una situación de inseguridad jurídica que afectaba a las personas que lo disfrutan, a los y a las profesionales que prestan la atención sanitaria, así como a las Administraciones.
Por último, recordar que este RDL tiene que ser convalidado o derogado, por el Pleno del Congreso. Una buena oportunidad para observar cómo se posicionan las derechas, especialmente PP y Ciudadanos. Es decir, para saber si votarán a favor del acceso universal u optarán por mantener, como hasta ahora, la exclusión de una parte de la ciudadanía.
* Secretario de Salud del PSIB-PSOE
