"Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada", escribió Tolstoi en el inolvidable inicio de su novela Ana Karenina. Se podría decir también que todos los relatos de éxito se asemejan y que, en cambio, las razones para la protesta responden con frecuencia a causas particulares. Es lo que ha sucedido en el conflicto abierto entre el taxi y los VTC, consecuencia de la aceleración tecnológica que vive nuestra época y del culto a la competencia que promueve la globalización. Haremos bien si evitamos idealizar cualquiera de las dos posturas enfrentadas e intentemos atenernos a un justo medio que nos permita poner el foco tanto en la legítima defensa del derecho de ambas partes como en la ineludible modernización que va a tener que afrontar el sector para sobrevivir.

En el caso concreto de Mallorca, no podemos dejar de señalar que, a diferencia de lo que sucede en otros lugares de España, la convivencia entre el taxi y los VTC ha sido en gran medida pacífica. Por el momento, la actividad de unos y otros no han entrado en abierta colisión, aunque tampoco debemos olvidar que los autónomos del taxi se han adelantado al posible conflicto y tramitan 700 licencias de VTC para activarlas si así fuera necesario. A pesar de esta aparentemente normalidad, el taxi balear decidió sumarse finalmente a la huelga que protagoniza el sector en otras ciudades del país, básicamente por dos motivos: el más inmediato, por solidaridad con sus compañeros de la península; pero también como una forma preventiva de presión a las autoridades políticas de cara a decisiones futuras. En nuestra isla, la huelga ha sido indudablemente pacífica, más allá de algún incidente puntual. Y con buen criterio por parte de la patronal se optó por dar servicio a colectivos vulnerables, como puede ser el caso de traslado de enfermos a centros de salud o a personas con movilidad reducida. La solución adoptada por Fomento para desconvocar la huelga sugiere que se procederá a transferir la competencia regulatoria a las distintas comunidades autónomas. Y a pesar de que no todas ellas coinciden en el diagnóstico, el Govern balear se ha apresurado a afirmar que confía implantar, en el breve plazo de unos meses, un acuerdo que permita "un equilibrio variado" en la utilización de taxis y VTC.

Cualquier solución inteligente al conflicto abierto en el transporte de viajeros pasa por asumir dos o tres criterios fundamentales. El primero, sin duda innegociable, es el respeto escrupuloso a la ley en lo que tiene precisamente de garante de nuestros derechos. A su vez, resulta innegable, que los retos que introduce la tecnología, así como el cambio de costumbres que opera en nuestros días, obliga a afrontar con inteligencia la reconversión del sector. Por un lado, porque el desafío no estriba solo en la competencia directa de Uber o Cabify, sino que ya se otea en el futuro cercano la llegada del coche y del transporte automatizado. Por otro, cualquier apuesta estratégica con garantía de éxito requiere avanzar en la atención al cliente como valor fundamental. Regular el sector para evitar vacíos legales, como los que han permitido la expansión a menudo desordenada de las licencias VTC, constituye un primer paso necesario. Pero esta regulación debe ir de la mano de una modernización que mejore el servicio, evite la especulación y garantice la calidad.