Una de las principales razones que explican la huelga de taxis de Barcelona primero, Madrid más tarde y las principales ciudades españolas que van a irse sumando, por fin, descansa en la brecha cada vez más evidente que se da entre las leyes y la sociedad. Qué duda cabe de que son los servicios de alquiler de coche con chófer llegados de la mano de Internet, empresas como Uber o Cabify, los que, aprovechando un agujero legal, han puesto patas arriba el sector del transporte público individual. Si la licencia de taxis cuesta una fortuna es porque supone -en teoría al menos- un buen negocio, y, así, los analistas de inversión tienen la licencia barcelonesa como la mejor opción para poner el dinero a producir. Parece lógico pues que los taxistas tengan que someterse a controles exhaustivos y paguen tasas e impuestos acordes. Pero de pronto las llamadas licencias VTC permiten hacer de taxista con unas mínimas condiciones restrictivas y sin casi necesidad alguna de someterse a los controles férreos anteriores. El sentido común pone de relieve que es del todo injusto permitir un mismo servicio bajo imposiciones e inspecciones del todo distintas. El conflicto era inevitable.
Pero la huelga no se habría producido si el número de licencias VTC hubiese permanecido en unas cotas bajas respecto de las licencias de taxi. La proporción de 1/30 parecía ser aceptable, aun a regañadientes, por los taxistas sometidos a la intrusión de los VTC. Fue ése el baremo establecido en 2015 a través de la ley de liberalización del gobierno del señor Zapatero, una ley tan mal hecha que los juzgados comenzaron a echar debajo de inmediato sus normas. Sucede que la tendencia general, bendecida en Europa, hacia la liberalización completa de los comercios y los servicios casa mal con las imposiciones restrictivas. Dicho de otra forma, los usos tradicionales y los de la economía libre chocan de frente.
Sucedió con el conflicto entre colmados de barrio y grandes superficies y vuelve a suceder con los taxis. Dicho de otro modo, el enfrentamiento opone la economía familiar y la globalizada, con una clara tendencia en favor de la segunda. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha solicitado al Gobierno que se anulen todas las restricciones respecto de las licencias VTC liberalizando del todo el sector, dado que son ésas las directrices que llegan desde Bruselas. Como resultado, la huelga de taxis que está convirtiendo en un infierno las calles de las grandes ciudades. Y con el añadido de que no se sabe quién habrá de poner el cascabel de la actualización legislativa al gato del sector del taxi. El ministerio de Fomento es quien tiene las competencias y parece haber dado con la fórmula mágica para sacarse el problema de encima: que dichas competencias pasen a las administraciones autonómicas y locales, a las comunidades y a los ayuntamientos. Se ve que gobernar consiste en convertir un problema enorme en centenares de ellos, pero propios de los demás.
