El rey Juan Carlos no es inviolable desde que abdicó en su hijo en junio de 2014. Pero ostenta la condición de aforado. En julio de ese mismo año entró en vigor la ley orgánica que regula su aforamiento, así como los de las reinas Sofía y Letizia y la Princesa de Asturias. Desde entonces, cualquier causa civil o penal que pueda iniciarse contra alguno de ellos es competencia exclusiva del Tribunal Supremo. Pero con una limitación: el rey Juan Carlos sólo puede responder ante el alto tribunal por actos posteriores a la fecha de su abdicación. Para los actos llevados a cabo durante su mandato, sigue gozando de total inviolabilidad. Y lo mismo si desempeña alguna actividad de representación institucional.
La inviolabilidad del emérito está de actualidad porque todos los partidos que prestaron su apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura pretenden abrir una comisión de investigación sobre las grabaciones hechas por el excomisario Villarejo en 2015 a la amiga del monarca Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en las que da a entender que él tiene cuentas en Suiza y que ella le hizo de testaferro. Villarejo, ahora en prisión, declaró ayer ante el juez que grabó esas cintas por encargo del Estado, extremo que el CNI niega. El juez ha reclamado las cintas a los medios que las difundieron.
Los partidos que piden la comisión de investigación sostienen que la inviolabilidad del rey Juan Carlos caducó en 2014 y el Gobierno ha consultado la cuestión con la Abogacía del Estado para comprobarlo. La respuesta ha sido afirmativa, pero haciendo la salvedad de que, para todo lo anterior a la abdicación, el emérito sigue siendo inviolable.
