Las grabaciones de audio hechas públicas la semana pasada, en las que Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la "amiga entrañable" del Rey emérito, declaraba haber sido utilizada por éste como testaferro para ocultar la titularidad de bienes no declarados ante el fisco español, así como el cobro de comisiones procedentes de empresas españolas adjudicatarias del AVE a la Meca, la OHL de Villar Mir, incluyendo el reproche lanzado a Juan Carlos I de que sus ingresos como jefe de Estado suponían la defensa de la industria española y, por tanto, la ilegalidad de cualquier tipo de comisión, sonaron como deflagración de cargas explosivas colocadas en los cimientos estructurales de la monarquía española. Bien es cierto que no suponían ninguna novedad respecto a las supuestas coimas cobradas por Juan Carlos I por las importaciones del crudo procedente de Arabia Saudí, aireadas hace años por el periodista Jesús Cacho, entre unos y dos euros por barril. Tampoco respecto a las noticias que también hacían referencia, este mismo año, al contrato de más de 2.000 millones de euros por cinco corbetas, la remodelación del puerto de Yedda, así como la instrucción de 600 marineros, a Navantia, que firmó en su venida a España Mohamed Bin Salman, el hombre fuerte de la RSA. En ese contrato las comisiones podrían haber oscilado entre el 1 y el 1,5%, es decir, unos 20 millones de euros. De confirmarse esas noticias, al ser Navantia una empresa pública, sería evidente la existencia, también en este caso, de graves delitos fiscales.
Las grabaciones fueron realizadas en Londres por el comisario Villarejo, un más que dudoso personaje habitante del nauseabundo mundo de las cloacas del Estado. Villarejo está en prisión preventiva acusado de dirigir un grupo de funcionarios especializado en el tráfico ilegal de documentación confidencial y de extorsión a particulares desde su encuadramiento en unidades del Cuerpo Nacional de Policía encargadas de misiones en el filo de la legalidad. También se le relaciona con la grabación al propio ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, en su propio despacho, reunido con el jefe de la Oficina Antifraude en Cataluña, con el presunto intento de construir acusaciones de corrupción contra ERC y PdeCAT en el marco del proceso independentista. La publicación de las grabaciones sería la respuesta de Villarejo a la nula disposición del Estado a procurarle la libertad a cambio de su silencio, un auténtico chantaje al Estado.
Un hecho curioso ha sido, simultáneo al crepitar de La Sexta y de las radios por el audio de Corinna al filo de su publicación en El Español y Ok Diario, el silencio absoluto de El País y El Mundo, sólo alterado, tras una semana de convulsión periodística en el resto de medios y a alusiones crípticas al caso en esos diarios, a unos editoriales abstrusos en los que al tiempo que se afirmaba la necesidad de que la justicia abordara las posibles implicaciones legales, se rechazaba la iniciativa de Podemos reclamando una comisión de investigación parlamentaria. La tesis oficial es de que se trata de un inaceptable pulso al Estado por parte de un presunto delincuente, que intenta provocar una quiebra institucional como resultado de la negativa a ceder a su chantaje. La propuesta de Podemos estaría orientada a aprovechar el terremoto informativo para conseguir el encausamiento de Juan Carlos I al considerar que tras su abdicación ha dejado de ser inviolable, aunque mantenga el aforamiento, por el que sólo es enjuiciable por el Tribunal Supremo. Del encausamiento del rey emérito se derivaría como spin-off muy principal el cuestionamiento de la monarquía y los primeros pasos para la realización de un referéndum sobre la forma de Estado entre monarquía y república. Se trataría, por tanto, de la culminación de la estrategia para acabar de un plumazo con el sistema político surgido de la Transición; sería el triunfo definitivo del relato de la Transición como resultado de una estrategia franquista.
Sánchez ya ha dicho que el PSOE no apoya "a día de hoy" la propuesta de Podemos. De alguna manera piensa que podría salir damnificado. Tratándose de Sánchez ya sabemos que mañana puede decir otra cosa. En el fondo, aletea un cierto convencimiento entre las cúpulas partidarias de las vulnerabilidades del Estado. El temor del poder a que las posibles trapacerías económicas del rey emérito no solamente puedan desequilibrar el balance de su reinado, haciendo que las sombras puedan eclipsar las luces que alumbraron una democracia como la nuestra, con altas dosis de imperfección, pero democracia al fin y al cabo, una excepción en nuestra historia, sino que también desestabilicen el reinado de Felipe VI (intachable, como demostró el coraje con el que el 3 de octubre pasado instó al Estado a hacer cumplir la Constitución) y acaben con la monarquía. El poder es siempre conservador y puede que lo que aterrorice a quienes en sus círculos están enrocados es que se genere un tsunami que los arrastre también a ellos. Del turbión en el que estamos sólo se puede salir aplicando las mismas palabras del emérito: la ley es igual para todos. También para él. Y de esta prueba el Estado va a salir mucho más fuerte si se dilucidan sus responsabilidades; muy debilitado si con la excusa de la gravedad del chantaje se mira hacia otro lado, una vez más, pensando que escampará. El comportamiento de Villarejo es deleznable, lo que no empece para que la justicia se honre a sí misma.
