El programa de gobierno anunciado ayer por Pedro Sánchez ha sido la oficialización de una línea de actuación que ya se había hecho explícita tanto por los nombramientos -designaciones como la de Borrell o Calviño han constituido una clara declaración de intenciones- cuando por los anuncios sectoriales en distintas materias.
Ya era conocida la consecución de un margen financiero, negociado con Bruselas, para gasto social y diversos compromisos que se cubrirá no con recortes sino con algunas actuaciones fiscales -impuesto a la banca, a las tecnológicas y al gasóleo, tributación real mínima del 15% en el impuesto de sociedades, etc.- que no alcanzarán al IRPF, ya suficientemente gravoso, ni incidirán significativamente en la presión fiscal. En el terreno de las reformas, Sánchez mantuvo la actitud de quien sabe que dispone de un tiempo limitado -como mucho, hasta el verano de 2020- y de un apoyo claramente escaso, lo que le obliga a renunciar a las grandes reformas que requieren leyes orgánicas -se descartan por ejemplo una nueva ley de Educación y una reforma integral de la LOFCA, la ley de financiación autonómica- y a limitarse a modificaciones que reduzcan el sesgo de leyes actuales muy criticadas -la ley mordaza o de Seguridad Ciudadana- o marquen un cambio de rumbo en ámbitos concretos. Se eliminará la norma que impuso un plazo a las actuaciones penales (que podría interpretarse como una forma encubierta de amnistiar delitos complejos), se aplicará a ley de Memoria Histórica al Valle de los Caídos, se reformará la legislación laboral para recuperar derechos de los trabajadores?
Sin embargo, en el terreno presupuestario, no se esperan grandes mudanzas: el techo de gasto se ajustará a lo acordado por Calviño con Bruselas -España entrará en superávit en 2022, un año más tarde de lo previsto- y la subida corresponderá a la capacidad recaudatoria de los nuevos impuestos.
En definitiva, no está en marcha una alternancia brusca y súbita, en parte porque la pertenencia europea ha provocado una relevante nivelación ideológica en el ámbito de los partidos de Estado, y en parte, también, por las razones apuntadas: disposición de un plazo limitado y de un apoyo perfectamente descriptible.
Es evidente, además, que el gobierno se verá obligado a improvisar sobre la marcha, a la vista de los equilibrios parlamentarios en los sucesivos asuntos. Fracasos como el del consejo de RTVE no son fácilmente asumibles, y si se reiteraran estos pequeños naufragios, muy aparatosos, no sería imposible algún cambio radical de estrategia.
Las encuestas están poniendo de manifiesto que el PSOE, con la moción de censura, ha recuperado aliento electoral ya que ha demostrado con hechos su operatividad y su conexión con muchos intereses generales largo tiempo postergados, lo que le ha devuelto una parte de la clientela perdida. Quiere decirse que una hipotética convocatoria electoral anticipada le favorecería, frente a un PP desnortado que no está siendo capaz de emprender una renovación pacífica, a una formación como Ciudadanos que ha quedado completamente desbordada por los acontecimientos, y a una izquierda radical muy escorada que se ve arrinconada por el posibilismo progresista del PSOE. Quiere decirse, en fin, que si no cuajan los consensos creativos que permitan el gobierno avanzar -la formación de una alternativa en la oposición es en cambio prácticamente imposible-, lo probable es que Sánchez llame a las urnas antes de lo previsto.
La ventaja de aplazar las elecciones hasta que se cumpla el cuatrienio de las anteriores es que los partidos tendrán posibilidad de reasentarse tras el dilatado periodo de crisis y habrá oportunidad de realizar determinados cambios que tienen clara demanda social y que no pueden postergarse por más tiempo. De cualquier modo, el sistema político, que parecía aviejado por el paso del tiempo y que va a cumplir este mismo año cuarenta años, está dando pruebas de una gran fortaleza y capacidad de recuperación. Del pesimismo general de los últimos tiempos hemos pasado masivamente a una nueva situación.
