La civilización tiene su origen en el reconocimiento de la primacía de la ley por encima del instinto ancestral de la venganza. Hablar de la primacía de la ley supone aceptar que ya no hay poderes absolutos -ni siquiera el que emana del mandato popular, como advirtieron pronto los teóricos franceses del constitucionalismo en el siglo XIX- y que la moderación constituye el recurso primero y fundamental del proyecto democrático. En clave política, se traduce en la separación de poderes como espacio de derechos y libertades, ya sea bajo la forma de república o monarquía. En clave judicial, el principio civilizador supone también un difícil y precario equilibrio que excluye la pasión del populismo punitivo para trazar la diáfana geometría de la prevención, la retribución y la rehabilitación del penado, esto es, de su reingreso en la sociedad. No se trata, en definitiva, de aplicar la prescripción bíblica del "ojo por ojo y diente por diente", sino de algo mucho más sutil y sofisticado: el papel de la ley como amparo de una sociedad más justa e integradora.
Lo cual no descarta, ni mucho menos, la ejemplaridad que se espera de las condenas. Una sociedad -la española, en primer lugar- se escandaliza con razón del criminal abuso que se ha cometido durante años en el servicio público. En este sentido, la necesaria regeneración de nuestra clase política debe nacer en primera instancia del empeño del sistema judicial, cuya labor ha sido -y es- impecable, a pesar de la artillería demagógica que en ocasiones se ha utilizado en contra de ella. En Mallorca, por ejemplo, los tribunales han actuado con especial diligencia. No es un trabajo fácil, pero cuenta con todas las garantías exigibles, pues si de algo puede presumir nuestro sistema judicial es de su garantismo.
Sin ir más lejos, a día de hoy un expresidente del Govern y una expresidenta del Consell se encuentran en la cárcel por delitos cometidos en su cargo, sin trato de favor hacia ellos. A Maria Antònia Munar, de actualidad esta semana, la Audiencia de Palma acaba de concederle el primer permiso penitenciario tras cinco años en la cárcel por seis condenas que suman catorce años de prisión. Por supuesto, se trata de sentencias duras precisamente porque los delitos de corrupción política son casos de especial gravedad. La corrupción, además de empobrecernos a todos, destruye la confianza social en las instituciones y crea un caldo de cultivo propicio para el debilitamiento del sustrato moral de la ciudadanía. Por ello resulta tan importante combatirla con rigor y conforme a los principios de la democracia.
La democracia, sin embargo, no necesita caer en un "punitivismo" exagerado, sino que debe ser fiel a sus principios. Es decir, tratar a todos por igual, con un respeto claro a los atenuantes y los agravantes de cada caso particular. A pesar de que la defensa de Maria Antònia Munar haya insistido en que su cliente es tratada con mayor dureza que otros reclusos por causa de corrupción política, difícilmente esta argumentación se sostiene. E, incluso ahora, este primer permiso de tres días que ha otorgado la Audiencia de Palma ha ido en contra tanto del criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión de Palma como del juez de vigilancia penitenciaria. En este cambio de opinión la Audiencia valora positivamente que la expresidenta del Consell haya asumido finalmente su culpabilidad en los dos últimos juicios celebrados y su buena conducta en la cárcel. Este primer permiso de sólo tres días se ofrece con unas condiciones muy restrictivas: exige la tutela de la reclusa -de la que se encargará su marido-, la cual además deberá presentarse a diario en una comisaría de la Policía Nacional o en un puesto de la Guardia Civil.
Más allá de las circunstancias concretas que rodean este caso, lo importante es comprobar una vez más que nuestra justicia, a pesar de todos los errores que pueda cometer, ejerce su deber con independencia y rigor técnico. Una democracia moderna equivale, en gran medida, al conjunto y la calidad de sus instituciones. Y también en esto, nos hemos europeizado -Balears y España- a una velocidad más que aceptable.
