La apertura de relaciones políticas entre Pedro Sánchez y Quim Torra el pasado lunes es sin duda un paso relevante hacia la pacificación pero sólo funcionará si todas las partes son conscientes de que están escribiendo un relato irreal, que, para avanzar, deberá aproximarse cada vez más a la realidad de la situación.
El encuentro bilateral (un término ya de por sí inexacto si se interpreta la bilateralidad como simetría) se basa en la ficción de que puede establecerse una relación estable sobre la base de una radical discrepancia „la exigencia de un referéndum de autodeterminación frente a la negativa inexorable e innegociable a la ruptura del Estado„, a partir de la cual se mantendrá un trato institucional normal como si el estado autonómico se considerara completamente funcional y estuviera fuera del debate.
Esta situación ambigua fue, de hecho, la que se mantuvo durante la larga etapa de Jordi Pujol y la que está establecida desde los orígenes de la democracia con el País Vasco. Tanto CiU como el PNV aseguran que no renuncian a su programa máximo, la autodeterminación. Pero la discrepancia se mantuvo siempre controlada y lejos de ciertos límites. Pujol explicitó en todo momento que renunciaba intentar la materialización de aquel desiderátum en aras de la concordia nacional. En el País Vasco, las cosas fueron parecidas, con la salvedad del Plan Ibarretxe: el lehendakari pretendió en un cierto momento salirse de aquel guion preestablecido e intentó un salto cualitativo mediante la fórmula del estado libre asociado? Pero ante el fracaso de su propuesta, que se tramitó por vías constitucionales, la situación regresó al estadio anterior. Hoy, el PNV gobierna con el PSE en Euskadi y se apoya en el PP para aprobar los presupuestos.
Ahora, la única salida catalana posible es, también, la de regresar al estadio anterior al procés. Pero con una salvedad: el intento secesionista no ha sido en este caso meramente teórico ni se ha conducido como en Euskadi a través de los cauces constitucionales sino que se ha encaminado a través de un golpe de mano, incruento pero manifiestamente ilegal, por lo que se activaron los mecanismos de defensa de la legalidad que el ordenamiento tiene establecidos. Al contrario del Plan Ibarretxe, que nunca se judicializó, el procés se ha judicializado irreversiblemente y es de prever que sus inductores y autores serán sancionados con penas significativas. Ya no se puede regresar al origen.
Así las cosas, el esfuerzo para que lleguen a algo las relaciones políticas que se han restablecido de forma todavía balbuciente habrá de ser muy superior en Cataluña. Primero, porque se ha perdido la lealtad institucional, que habrá que reconstruir; segundo, porque la declaración de que no se descarta ningún camino hacia el logro de la independencia constituye una amenaza latente e inhabilitante que tiene que desvanecerse cuanto antes, y tercero porque los propios catalanes, perplejos, reclaman claridad: si de verdad se va a jugar a recuperar la relación con el Estado, a aprovechar las potencialidades de la autonomía, a negociar el statu quo más favorable, lo lógico es abandonar, siquiera de manera provisional, la presión rupturista.
Porque, además, la insistencia en que no hay más futuro que la independencia reduce a cero el escaso margen de influencia que la política tiene sobre la justicia. Es evidente, por ejemplo, que el discurso inflamado de Torra, su intento de convencer a la comunidad internacional de que en España hay presos políticos, la huida de Puigdemont, etc. son argumentos que refuerzan la decisión del Supremo de mantener a los inculpados por el procés en prisión preventiva y no en libertad condicional, ya que podrían fugarse o reincidir en sus atentados contra la integridad territorial.
La conclusión de este razonamiento es bastante obvia: se puede mantener un cierto tiempo la ficción de que hay diálogo político y feeling personal mientras se mantiene una posición claramente secesionista y se desacata la Constitución, pero tal situación no es estable: o se negocia un nuevo marco sobre bases constitucionales, con o sin reforma de la Carta Magna, o la crisis seguirá muy alejada de una solución.
