Lejos de prohibir hasta la sanción el alquiler vacacional, el gobierno se decantó por subvencionar las obras de acondicionamiento de viviendas para su posterior arrendamiento a turistas. La morosidad en el pago de alquileres había desembocado en el impago generalizado de la tasa de comunidades de vecinos, hasta el punto de aplazar las más imprescindibles reparaciones con la consiguiente amenaza de la degradación absoluta de la vivienda. Pero el turista que huye del rebaño de los hoteles llamaba a la puerta, cada vez con más insistencia, y mucho dinero en los bolsillos parta repartir. Así pues, la demanda era una realidad, pero faltaba solucionar el tema de la oferta. La precariedad de los bolsillos locales no daba para afrontar la necesaria reforma de la vivienda, de modo que el gobierno vio oportuno solucionar este apartado mediante la subvención. La respuesta no se hizo esperar. Durante la primera temporada más de un tercio de viviendas antes abandonadas estaban en obras o ya en régimen de alquiler, al tiempo que la morosidad de las comunidades bajaba en picado y se actualizaban infraestructuras. También el sector comercios despegó y se expandió, mientras que el hotelero apenas protestó. El silencio de los hoteleros se logró aplicando una sencilla fórmula: no se les consultó. Como habrán ustedes adivinado, estamos hablando del caso de Colombia, todo un referente en política de alquiler vacacional.

Sigamos viajando, pero esta vez en busca de una solución para el alquiler de la vivienda residencial. En este caso los gobernantes pusieron el foco en la especulación urbanística. La cantidad de viviendas vacías y de suelo urbano sin edificar era escandalosa. La propiedad de ambos huecos pertenecía a bolsillos acomodados en busca de la opulencia. Aquí, la falta de necesidad del propietario permitía que edificios enteros permanecieran deshabitados durante décadas, y así seguirían hasta la eternidad a menos que alguien desembolsara una fortuna por ellos. La especulación debía ser frenada de golpe y sin miramientos. El propietario de suelo urbanizable pasó a disponer de un plazo de diez meses para presentar un proyecto de edificabilidad, y a posteriori se le otorgaba un máximo de dos años para edificar y poner a la venta o en alquiler las viviendas construidas. El incumplimiento de la normativa conllevaba la subasta del suelo edificable, ante la cual los pujantes debían adjuntar el proyecto de edificación más un aval bancario que garantizara su solvencia. Pero la iniciativa política no terminaba aquí. El destino posterior de la vivienda, es decir, su venta o arrendamiento, eran libres. Sin embargo, cuando el promotor se comprometía a alquilar un porcentaje o la totalidad de las viviendas a un precio estipulado, y fijado en base al alcance del bolsillo local más precario, recibía una considerable bonificación fiscal. En algunos casos, las tasas urbanísticas de los ayuntamientos, y otras aplicables a la construcción, se reducían a cero, siempre que la vivienda tuviera su destino en el alquiler local. Incluso podía aumentar el número de plantas edificables en función del destino "popular" que persiguiera el promotor, entre otras flexibilidades. Además, los ayuntamientos también debían presentar un aval a los promotores, asegurando, mediante una póliza, el impago de alquileres y gastos de comunidad, así como actos vandálicos de los inquilinos y demás. No solo los grandes promotores, sino que hasta el más modesto propietario de un apartamento podía acogerse a estas ventajas. El objetivo, logrado, era que propietarios y promotores vieran tan atractivo el destinar su producto al alquiler local que descartaran seguir engordando el sobreexplotado vacacional. Son numerosas las grandes ciudades que toman medidas similares a las resumidas en este párrafo, pero no vamos a nombrarlas. ¡Ya está bien de trabajar gratis para consellers que terminan mintiendo y dimitiendo!

Si quieren averiguar qué ciudades toman estas medidas y logran objetivos con ellas consulten a sus expertos. Como hace José Hila, quien asegura que, según los expertos, no estamos en una burbuja inmobiliaria. Pero lo que no le ha explicado esa gente con experiencia - tal vez sea su manera de pedir un aumento - es que lo que caracteriza una burbuja es precisamente que no se sabe cuándo estamos dentro de ella, de modo que subimos y caemos en picado sin sensación de vértigo. Si uno fuera consciente de estar inmerso en una burbuja inmobiliaria bastaría con tener preparado un buen colchón para, cuando explote la pompa, evitar otro balconing desafortunado. De cualquier forma, resultaría preferible que estemos en una burbuja, ya que lo contrario significaría haber tomado una tendencia, y esto sí que no tiene ni vuelta atrás ni caída que lo frene.

Y ahora que caigo, me pregunto por qué el señor Hila contrata a expertos para hacer su trabajo en lugar de delegar su puesto en uno de ellos. Claro que para ello el regidor de urbanismo debería renunciar a su sueldo, a sus dietas (de las que engordan) y a su impagable discurso, por no mencionar el precedente que sentaría, algo desastroso para el proceder político habitual en nuestro país.

Obviamente, las iniciativas políticas mencionadas en los dos primeros párrafos son fruto del trabajo serio y de la imaginación de unos políticos capaces. De lo contrario solo hay lugar para la prohibición, la denuncia y la sanción.

*Empresario