El gobierno ultraconservador de Polonia, dominado por el partido Ley y Justicia (PiS), se ha salido con la suya y ha impulsado la promulgación de una ley que anticipa la jubilación de los miembros de la magistratura y refuerza el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Apoyados por decenas de miles de personas que han salido a manifestarse, los jueces damnificados por dicha norma se han erigido en defensores de la democracia parlamentaria basada en la separación de poderes y en críticos acerbos de la deriva autoritaria del gobierno ultraderechista, que gobierna además con consignas xenófobas y con medidas extraídas del integrismo católico más ultramontano.
En estos tiempos de auge del más descarnado populismo, la Unión Europea tiene que hacer pedagogía democrática: en el club de Bruselas sólo caben los demócratas ortodoxos, cumplidores de los llamados criterios de Copenhague, aprobados en 1993, que marcan las condiciones que deben cumplir los candidatos a integrarse en la UE.
Como es conocido, la UE ha abierto expediente sancionador contra Polonia al amparo del artículo 7 del Tratado y, de no rectificar en un mes, recibirá una sanción económica. Si no responde y la irregularidad prosigue, el país podría ser sancionado con la pérdida del derecho de voto, aunque por unanimidad (y los amigos de Polonia del Grupo de Visegrado lo impedirían). Hágase lo que proceda, pero es necesario que la opinión pública europea constate que Polonia ha traspasado una frontera que podría arrojarla fuera de la UE.
