"¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un Estado del bienestar de primera?". La pregunta la lanzó en una intervención pública en Bruselas el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para responderla al vuelo él mismo: "No es posible". Sus palabras vienen a anticipar una remodelación del sistema fiscal español para tratar de equilibrar las cuentas nacionales con algunas subidas "verdes" como la que planean para equilibrar los precios del gasóleo y de la gasolina y que ha causado un gran malestar entre autónomos y transportistas, además de incrementos de la presión para aquéllos que más ganan.
Uno de los principales objetivos será el de tapar el agujero que está generando el gasto público en pensiones y que en junio alcanzó su récord histórico. El desembolso llegó a los 9.000 millones. Sánchez aboga por "abrir un debate sobre una fiscalidad justa en España. Ahí tendremos que mirar cuál es el objetivo y mi compromiso es que a quien vamos a proteger es a la clase media trabajadora". El debate ya está en macha. Así de primeras, los bolsillos domésticos notarán un par de cambios en los próximos días, aunque en ello la mano del Ejecutivo de Sánchez ha sido más bien limitada.
Una nueva tasa obliga, desde anteayer, a los comercios a cobrar por cada una de las bolsas de plástico que despachen a sus clientes. La tasa tiene una clara vocación medioambiental para tratar de reducir los efectos contaminantes del plástico. El otro cambio más inmediato es que el IVA del cine, tal y como venía recogido en los Presupuestos Generales que aprobó hace unos días el Congreso, bajará. Descenderá desde el 21% que estaba hasta ahora al 10%. Hasta aquí poca cosa para las arcas del Estado, pero por lo que se ha ido desvelando, Sánchez quiere hacer cambios más profundos que afectarán sobre todo a las grandes empresas y a los que más ganan.
Todo porque los ingresos públicos representan en España un poco más del 38% del producto interior bruto (PIB). Un porcentaje que el Ejecutivo juzga de exiguo. Lo que más polémica ha causado hasta ahora es el planteamiento de elevar el tramo estatal de los impuestos que gravan el diesel. El objetivo es el de subirlos en casi diez céntimos (9,55) e igualarlos con los de la gasolina para tratar de recaudar por esta vía unos 2.100 millones y, al mismo tiempo, luchar contra el cambio climático. El PSOE, antes de llegar al Gobierno, planteó, a través de un documento económico que usó como alternativa a los Presupuestos del PP, un incremento del IRPF para aquéllos que tengan unas rentas superiores a los 150.000 euros. Espera obtener así unos 400 millones de ingresos adicionales.
También planea cambios en la tributación de las rentas del capital (que en la actualidad varían entre el 19 y el 23%). En esa misma línea de subir los impuestos a los que más cobran, otra de las medidas que parecen que van tomando forma sería la de incrementar las tasas que las grandes corporaciones pagan a través de sociedades. Pero se haría a base de meter tijera a algunos de los beneficios fiscales de este impuesto, como los que se recogen para bonificar a aquéllos que invierten en investigación, en lugar de subirlo. En cuanto a las tasas ligadas al consumo, parece que no se prevén muchas más modificaciones porque los socialistas se han mostrado en varias ocasiones contrarios a meter mano al IVA, aunque en su programa electoral sí que se planteaba un alza de los impuestos del alcohol y el tabaco para que confluyan con los del resto de Europa.
Para pagar las pensiones hay otros planes. El Ejecutivo del PP aprobó hace meses la llamada "tasa Google", que obligaba a las grandes tecnológicas a tributar en España. Ese dinero, se estimaba recaudar 600 millones este año y 1.500 el que viene, iría para sufragar esas pagas. Pero las cifras se quedan cortas. Para completar la diferencia, el nuevo Gobierno planea instaurar un impuesto a la banca y a las transiciones financieras que aún está por concretar. Aunque confía en que las subidas salariales pactadas entre sindicatos y la patronal hagan el resto.
