Diario de Mallorca

Diario de Mallorca

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Joan Riera

TEMPUS EST IOCUNDUM

Joan Riera

Corruptos a la cárcel, corruptores libres

Ante los numerosos casos de corrupción registrados en Mallorca, los ciudadanos reclaman que se tomen varias medidas

Una tarde de sábado, de esas en las que en los periódicos no ocurre casi nada, Kico Mestre llamó a la redacción con una noticia bomba: "Necesito un fotógrafo, la policía va a desenterrar una caja con dinero en casa de Antònia Ordinas". Guillem Bosch salió disparado hacia la residencia ubicada en Santa Maria. Así nació la foto más emblemática de la corrupción en Mallorca, la de unos agentes desenterrando de entre coles y lechugas una antigua caja de Cola Cao. Su contenido, 240.000 euros. Un ca rater, alegre al ver a su dueña que llevaba meses encarcelada, puso la nota tierna a la escena que demostraba el material con el que se "unten ses corrioles".

El historiador Gaspar Valero documenta que la expresión "untar ses corrioles" significa corromper o sobornar con dinero o presentes. La recoge en su reciente libro ' Puja aquí i veuràs Portopí' dedicado al origen de las frases hechas mallorquinas.

En Mallorca se ha gastado en las últimas décadas mucha grasa para doblegar voluntades políticas. Ante los casos de corrupción, los ciudadanos reclaman tres medidas.

La primera es que se condene a los corruptos. Aquí la suerte ha sido diversa. Mientras Maria Antònia Munar (Unió Mallorquina) o Josep Juan Cardona (Partido Popular) cumplen largas condenas que rondan la quincena de años. Otros, sobre todo los que han cerrado acuerdos con la Fiscalía, han sufrido penas que les sitúan en la clase media, por ejemplo Jaume Matas y Miquel Nadal, e incluso los hay que han salido muy bien parados del trance del banquillo.

La disparidad de castigos frente a hechos aparentemente similares despista a muchos ciudadanos. Sin embargo, no se trata de ensañarse con el delincuente, sino de lograr la reprobación social de su conducta.

La segunda medida que exige la ciudadanía se verbaliza en una sola frase: "Que devuelvan lo que han robado". Los éxitos en este campo son relativos. Como relataba Alexander Cortés el pasado domingo, Balears ha recuperado ocho millones de euros de los malversados en los casos de corrupción investigados a lo largo de los últimos años. Govern y Consell aún están pendientes de ingresar veinte millones, según las sentencias firmes que obligan a resarcir el daño causado a las arcas públicas. Por poner dos ejemplos, en el caso Can Domenge, el Supremo obligó a Maria Antònia Munar y a sus colaboradores a reembolsar doce millones de euros, la cantidad reintegrada apenas llega a los cuatro. En el caso Nóos, el Supremo obliga a retornar 900.000 euros pese a que el gasto en los inútiles foros superó los 2,7 millones.

Hay una tercera acción en la lucha contra la corrupción en la que el fracaso es casi absoluto. ¿Si se condena al corrupto, por qué no ocurre lo mismo con el corruptor? O, si se prefiere que la pregunta se formule de otra forma, ¿por qué el que paga a cambio de favores de la Administración apenas es incomodado por la Justicia?

En el caso Can Domenge se perdió dinero público a cambio de favorecer a uno de los aspirantes a quedarse con el solar. Un mero reconocimiento del soborno por parte de la familia Sanahúja bastó para que el pagador eludiera la cárcel. Paradigmático resulta el caso Túnel de Sóller, el primero de los grandes casos de corrupción juzgados en la isla. La sentencia estableció que el empresario Antonio Cuart entregó dinero al PP de Gabriel Cañellas -soborno-, pero sin contraprestación alguna -no hubo prevaricación-.

Quizás sean las leyes, o tal vez se trata de que se pone la lupa sobre los políticos pero no sobre los empresarios que compran sus favores. La realidad es que la lucha contra la corrupción sigue sin abordar todos los frentes del problema.

Compartir el artículo

stats