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Antonio Papell

Pacto salarial

La junta directiva de CEOE aprobó el martes por unanimidad el acuerdo salarial que los agentes sociales acordaron el lunes y que recoge un incremento fijo de sueldos del 2% más un 1% variable en función de resultados o productividad. El comunicado de la patronal -en la que Garamendi está ya actuando como delfín con pretensiones sucesorias de Rosell- reconoce que en 2014 cambió el signo de la economía, por lo que ya es llegado el momento de que los asalariados empecen a percibir el cabio de coyuntura. Además, los empresarios han aceptado la "apuesta importante" de que el salario mínimo en convenio se sitúe en los 14.000 euros anuales en 2020.

En realidad, la situación de los trabajadores es bastante más precaria de lo que se desprende del análisis de la patronal. En primer lugar, es notorio que gran parte del ajuste debido a la crisis se ha hecho, primero, sobre el empleo, y, después, sobre los salarios. Y estamos muy lejos de haber alcanzado los niveles salariales previos a la crisis, de forma que se ha generalizado un infame fenómeno de pobreza laboral, es decir, de trabajadores en precario que no son capaces con su exiguo salario de proporcionar una vida digna a su unidad familiar y deben recurrir a la beneficencia. De hecho, no se ha cumplido ni siquiera el dogma de fe de la derecha, que afirma que los salarios deben subir al ritmo del incremento de la productividad (y no, por supuesto, dicen los conservadores, al ritmo del IPC).

Tanto es así que los economistas admiten que la participación de la renta salarial en el PIB es actualmente de las más bajas de la historia económica reciente de nuestro país, lo que, lógicamente, tiene efectos devastadores sobre la demanda interna. Si se piensa que la economía española dejará pronto de beneficiarse de los famosos vientos de cola (dinero barato, combustibles a mínimos, política expansiva del BCE), es lógico pensar que habrá que fiar el crecimiento futuro a las exportaciones y a la demanda interna, que a su vez dependerá de las mejoras salariales de los trabajadores. Lógicamente, para nivelar el reparto habrá que revisar a la baja las retribuciones del capital y los bonus de los directivos.

La necesidad de que los salarios suban se vincula también a la sostenibilidad del sistema de pensiones, que cada vez cubre una parte de menor de sus necesidades con cuotas, ligadas a los salarios. El destope, que habrá que considerar y debatir, deberá ir en todo caso vinculado a una subida general de aportaciones, que debe provenir de una subida de salarios sin cambio de tarifa.

El fin de la crisis debe también vincularse a la reforma de las reformas laborales en aquello que ha representado una pérdida inaceptable de derechos laborales básicos. El derecho constitucional a la negociación colectiva es papel mojado si los convenios de empresa prevalecen sobre los de sector ya que dejan al obrero en manos del empleador. La recuperación de la retroactividad, el establecimiento de límites a la subcontratación y la limitación de la temporalidad son elementos de una "contrarreforma" que no debería demorarse. El freno a la temporalidad en concreto, habría de ir parejo a la limitación drástica de la economía sumergida, que tampoco agrada a la patronal -hace competencia desleal al empleador honrado, obviamente- pero no ha sido combatida con la celeridad y contundencia precisas.

En pura teoría -esquemática y por tanto con un punto de demagogia-, la división política del trabajo en una democracia pluralista hace que le corresponda a la derecha la tarea de liberalizar y crear empleo, en tanto compete a la izquierda repartir mejor la renta y nivelar a la sociedad. A día de hoy, el PP ha dejado a este país funcionando pero con graves e injustos desequilibrios. El mérito del PSOE debería consistir en prodigar toda la equidad posible? interrumpiendo lo menos posible el camino de crecimiento que tenemos emprendido. Entre formaciones moderadas, este prodigio tiene que ser posible.

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