Los grandes problemas requieren soluciones ambiciosas. El nuevo Plan Director Sectorial de Movilidad que prepara el Govern balear sin duda lo es. Las comunidades que se sitúan a la vanguardia en cuanto a calidad de vida favorecen el transporte colectivo, la cooperación entre ciudadanos y los servicios públicos, por encima de un individualismo disolvente y paralizador si se lleva al extremo. Se trata de una tendencia global que empuja a favor de la peatonalización de las ciudades, la reducción del tráfico privado y hacia un impulso decidido por el transporte público. No es una tarea fácil teniendo en cuenta el déficit que acumula Mallorca en lo que concierne a infraestructuras clave, pero precisamente debido a este retraso histórico resulta más imperioso si cabe. El nuevo Plan Director, que todavía se encuentra en los inicios de su tramitación previa a su exposición pública y a las correspondientes alegaciones, incide con fuerza en la necesidad de potenciar el transporte colectivo y de contener la utilización del coche en los desplazamientos por la isla. Así, por un lado, no se prevén nuevas carreteras en los próximos diez años y sí, en cambio, importantes inversiones en ferrocarriles, metro y tranvía, además de cincuenta kilómetros de carriles destinados a "vehículos de alta ocupación" (VAO). Entre las principales actuaciones previstas se incluyen la prolongación del metro hasta Son Espases y el Parc Bit -que se pretenden licitar antes del final de la legislatura-, una línea de tranvía que una Palma con el aeropuerto y la extensión de las líneas ferroviarias hasta Llucmajor, Campos, Cala Rajada, Artà y CamposCala RajadaArtàAlcúdia.

Si la letra y la música del Plan de Movilidad resultan atractivas, no podemos dejar de subrayar algunas incógnitas que mueven a la prudencia. El primer interrogante, por supuesto, apela a la demora: responsabilidad que no debemos achacar en exclusiva al actual ejecutivo, aunque también le concierne directamente. A un año vista de las próximas autonómicas, sin tiempo material para que se concreten muchas de las iniciativas previstas, cabe preguntarse si no nos enfrentamos al enésimo ejercicio de voluntarismo con afán electoralista. El Plan llega tarde y, a su vez, sin un acuerdo plenamente transversal en el arco parlamentario que garantice su continuidad más allá de la orientación ideológica del partido o los partidos en el poder. Confiemos, en este sentido, que el periodo de exposición pública permita avanzar en la firma de un auténtico "pacto de Estado" que ponga sobre la mesa la madurez y la generosidad de los distintos partidos. A la vez, se hace imposible pensar en la viabilidad de las actuaciones previstas -cuyo coste presupuestado es de 1.685 millones de euros- sin una adecuada planificación de los recursos económicos y sin la firma de cuantiosos convenios con otras administraciones españolas. Tarea nada fácil si consideramos las restricciones presupuestarias marcadas por Bruselas que todavía afectan a nuestro país. Finalmente, una vez aprobado este proyecto, debemos ser conscientes de que su éxito pasa por ligarlo a otras intervenciones que se realicen en paralelo, como la eventual regulación del uso del coche de alquiler o el plan de cambio climático.

En última instancia, la modernización del transporte y de la movilidad en Balears exige también una mayor concienciación cívica de la responsabilidad que nos atañe como ciudadanos a la hora de construir una sociedad más sostenible y equilibrada medioambientalmente.