En contra de lo que repiten los propagandistas del populismo, las instituciones democráticas en España no sólo funcionan razonablemente bien sino que además realizan una labor fundamental en la regeneración del país. De hecho, cabe sostener que tanto la sentencia del Caso Gürtel -conocida hace unas semanas- como la resolución definitiva del Caso Nóos refuerzan la imagen y la consistencia de la democracia española, surgida del gran pacto constitucional de 1978. Por supuesto, al igual que sucede con cualquier otra institución, nuestro sistema judicial dista de ser perfecto, pero es independiente, cuenta con un amplio cuadro de funcionarios entregados y competentes y se rige por un escrupuloso marco de garantías legales. Cuando estalló el caso Nóos, hace ya aproximadamente una década, no fueron pocos los que pusieron en duda la independencia judicial, convencidos de que la investigación no prosperaría al implicar directamente a un cuñado del actual monarca. El esperado fallo del Tribunal Supremo, que confirma a grandes rasgos la sentencia previa dictada por la Audiencia de Palma, indica precisamente lo contrario: en un Estado de derecho como el nuestro no existen espacios anómicos en los que no reine la ley. Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos I, ha sido condenado por delitos de corrupción a cinco años y diez meses de prisión, mientras que su socio Diego Torres ha sido también sancionado con cinco años y ocho meses de cárcel, por apropiarse de fondos públicos y defraudar a Hacienda. Por su parte, la infanta doña Cristina ha sido declarada responsable civil y multada con 136.950 euros. Finalmente, Jaume Matas, expresident de esta comunidad autónoma, tendrá que volver a la cárcel tras una nueva condena a tres años y ocho meses de prisión, que se suma a sentencias anteriores. Por desgracia, más de dos millones de euros no regresarán a las arcas del Govern.

La irrupción del caso Nóos, al igual que la de otros casos de corrupción investigados por la fiscalía en estos últimos años, ha tenido importantes consecuencias en la vida pública española. La monarquía, sin ir más lejos, ha acometido notables reformas que afectan tanto a la transparencia como al código de conducta que rige el comportamiento de la Familia Real. Desde la proclamación de Felipe VI en 2014, los pasos dados por el rey en este sentido han sido firmes y decididos, consciente de la necesidad de restañar el daño que han causado en la opinión pública los abusos cometidos por Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos, así como del papel que juega la Corona como símbolo -y garante- de estabilidad institucional.

A pesar de la fuerte marejada y de la profunda crisis que han supuesto los avatares de este caso para el prestigio de la monarquía, la democracia española ha salido reforzada en su conjunto. La independencia de la Justicia y el respeto a la separación de poderes es un hecho constatable en nuestro país, como demuestran decenas de sentencias que permiten suturar las heridas ocasionadas por la corrupción política. Por supuesto, no se trata de judicializar la vida pública sino de hacer cumplir la Ley allí donde haya sido vulnerada. Y la sentencia del caso Urdangarin supone una prueba más -por si había alguna duda- de que la justicia en España goza de buena salud y que el gran impulso que necesita actualmente la política nacional pasa por la mejora en la selección de los cuadros dirigentes y por el debilitamiento de algunos vicios heredados que todavía afectan a los distintos partidos.