Iñaki Urdangarin, exduque de Palma, marido de la infanta Cristina y cuñado del rey, fue condenado ayer por la Sala Penal del Tribunal Supremo a cinco años y diez meses de cárcel por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. La sentencia rebaja en cinco meses la que le impuso la Audiencia de Palma el 17 de febrero de 2017, ya que el alto tribunal le ha absuelto del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario al entender que no ha quedado probada su intervención. La sentencia mantiene además la responsabilidad de la infanta Cristina como partícipe a título lucrativo, aunque reduce su cuantía porque anula su responsabilidad en los delitos contra la hacienda pública. El socio de Urdangarin, Torres, y su mujer reciben un tratamiento parecido y no varía el que la Audiencia ha dado a los demás imputados, incluido Matas, que deberá cumplir tres años y ocho meses de prisión.
La Audiencia de Palma ha citado para esta misma mañana a Urdangarin, Torres y Matas para entregarles el mandamiento de prisión. Al ser la condena del exduque superior a los cinco años de cárcel, todo apunta a que entrará en prisión de forma inmediata pues esos cinco años es límite que la norma penal ha establecido entre las penas graves y menos graves y la que tiene en cuenta el Tribunal Constitucional cuando pondera si la admisión del recurso de amparo que previsiblemente interpondrá el acusado suspende o no el cumplimiento de la condena. También podría suceder que Urdangarin solicitara un indulto, pero sería inimaginable que este Gobierno lo concediera, no por la personalidad del demandante sino por tratarse de un delito de corrupción (el PSOE criticó en el pasado que el PP otorgara algunos indultos a reos de delitos económicos de esta índole).
Todo está sucediendo con una plausible normalidad, que acredita que en este país la ley es básicamente igual para todos, ya que la más alta alcurnia, en este caso, no ha podido mitigar siquiera una responsabilidad objetiva. Se podrán oponer objeciones, como ha hecho algún partido invocando analogías y parangones con otros casos, pero no sería honrado negar que la Justicia se ha abierto camino por donde ha querido. La única singularidad controvertible ha sido el no encausamiento del exrey Juan Carlos, que era jefe del Estado cuando sucedieron los hechos. El juez Castro, que instruyó el proceso, ha dicho ahora (que es cuando puede decirlo) que el rey emérito habría sido imputado de no ser porque su figura es declarada inviolable por la Constitución (artículo 56.3). Y el fiscal Horrach también ha manifestado que de no haber mediado esta circunstancia, don Juan Carlos hubiera sido llamado por él a declarar. Quizá fuera pertinente que se barajara la hipótesis de eliminar la inviolabilidad del rey en la misma reforma constitucional en que se rectifique la línea sucesoria de la Corona (artículo 57), lo que obligaría a realizar una reforma agravada (la que precisa mayoría de dos tercios y disolución de las Cortes, que deberán ratificar lo aprobado por las anteriores por idéntica mayoría).
Así las cosas, el encarcelamiento de Urdangarin, que es una tragedia en el plano personal como en los demás casos en que un reo ha de ir a prisión, no sólo no debilita la institución monárquica sino que la fortalece. Y eleva la figura del rey Felipe, quien ha dado primacía a su obligación como estadista sobre los afectos familiares, retiró en su momento el ducado de Palma a su hermana y guarda respetuosa distancia con ella a pesar del vínculo familiar.
Dicho lo cual, hay que reiterar el estupor que produce el episodio que ahora se cierra, en el cual el yerno del rey llegó a pensar que este país consentiría diversas tropelías con dinero público por falso respeto a la institución a la que se había vinculado. Y hay que subrayar la estulticia de quienes, como el expresidente balear, Matas, se dejaron engatusar por el oropel regio, sin ver que la primera función de administrador público es cuidar celosamente los recursos acopiados con el sudor de los contribuyentes.
