De todas las monstruosidades que está auspiciando el presidente Trump, un personaje poco compatible con la sutileza de la democracia que viene desarrollando su país desde hace dos siglos, la más llamativa es la pretensión de poseer el derecho a la autoamnistía. Como es sabido, tal delirante posibilidad está siendo defendida por sus abogados para disuadir a la Fiscalía de continuar investigando las interferencias del espionaje ruso en la última campaña electoral presidencial, en perjuicio de la candidata Clinton y, presumiblemente, con el conocimiento y el apoyo del candidato Trump. No hace falta ser un experimentado jurista para entender que una de las bases inalienables de la democracia es la igualdad de todos ante la ley. Todos, del primero al último de los ciudadanos, estamos sometidos al imperio de la ley democrática, elaborada conforme a los procedimientos establecidos y por tanto dotada de plena legitimidad. Sólo los reyes absolutos de derecho divino (que se creen señalados por Dios en persona para desempeñar su alta misión) y los dictadores que se consideran a sí mismos providenciales, han manejado la idea de la inviolabilidad absoluta, de su superioridad sobre el Estado de Derecho. En otras palabras, la pretensión de Trump de estar por encima de la ley lo asimila con Luis XIV, con Fernando VII, con Nicolás II, con Hitler o con Franco. Gloriosa nómina de estadistas.
