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Cabía imaginar la respuesta que iban a tener en los artículos editoriales y las columnas de opinión de la prensa conservadora los primeros tanteos dirigidos al bando soberanista desde el Gobierno de Sánchez, unos tanteos que se reducen a gestos encaminados a que comience el diálogo, es decir, la negociación. Los palos son a todas luces excesivos por lo que se refiere al hecho de levantar la intervención a priori de las cuentas de la Generalitat: es el resultado inevitable de que el entonces ministro Montoro vinculase las medidas cautelares al artículo 155 porque, al derogarse su aplicación, el control previo quedaba anulado de manera automática.

Tampoco parece sensato criticar que Sánchez manifieste su voluntad de conceder algunas de las 45 medidas de autogobierno que en su día Rajoy negó a Artur Mas, e incluso de legislar para que el estatuto de autonomía tumbado en buena parte por el Tribunal Constitucional se recupere, al menos en parte. Respecto de las medidas que pueden ser objeto de concesión ahora, cae por su propio peso que el propio Rajoy las habría cedido si Mas hubiese renunciado al referéndum que se celebró en noviembre de 2014. Y por lo que hace a cualquier proyecto legislativo, cabe recordar la debilidad parlamentaria del Partido Socialista, que gobierna, como se sabe, con el menor número de escaños en el Congreso de todos los gabinetes de la democracia.

Ese asunto enlaza con la propuesta de mayor calado, la que ha hecho la ministra Meritxell Batet indicando la necesidad y conveniencia de cambiar la Constitución para que en el nuevo Estado que se diseñe quepan incluso los soberanistas catalanes. En sí mismo, ese diagnóstico es obvio; hoy por hoy, en el marco constitucional no cabe ni siquiera la celebración legal de un referéndum acerca de la independencia de Cataluña, salvo que lo convoque el Gobierno del reino. Pero si cualquier nueva ley puede ser un calvario para los afanes socialistas de diálogo, el cambio de la Constitución es imposible sin la apoyo del Partido Popular, que cuenta con mayoría en el Senado. Con apenas media legislatura por delante y la necesidad de reunir las voluntades de dos tercios de las Cortes, ¿de verdad se cree alguien que cabe emprender un proceso de cambio constitucional que debe implicar, se quiera o no, la necesidad de un borrón y cuenta nueva que elimine los privilegios de todos, incluidos el País Vasco y Navarra, y permita comenzar de nuevo sin chantajes? Con lo que el encaje a resolver no es sólo el de Cataluña sino también el de los foros vascos y navarros. No va a ser nada sencillo encontrar la fórmula que resuelva semejante ecuación.

Está claro que el cambio cada vez más necesario queda lejos del alcance del gobierno actual; lo tendrá que impulsar el que salga de las urnas. Así que, por más que no le interese hacerlo, lo que debería abordar cuando antes el presidente Sánchez es la convocatoria de elecciones. Igual las gana.

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