La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa ha provocado un punto de inflexión en el rumbo de las dinámicas que inciden sobre la política nacional. Frente al inmovilismo del gobierno Rajoy, definido por la gestión cotidiana y por la ausencia de grandes proyectos, el nuevo presidente ha preferido imprimir un aire netamente macroniano a su proyecto: mayor apertura a la sociedad, frente a las tradicionales servidumbres partidistas; ideología de centro, frente a la tentación populista; vocación de relato europeísta y femenino, frente al perfil bajo que ha adoptado Rajoy en estos últimos años. Se trata de un gobierno con algunos nombres relevantes, experimentado y con indudable personalidad propia, que manda un mensaje modernizador a la sociedad. Los equilibrios en la composición del ejecutivo nos descubren la voluntad del presidente de construir un relato amplio, de carácter integrador desde el centro-izquierda liberal, que conecte de nuevo a la ciudadanía con sus representantes políticos; y al mismo tiempo que marca distancias con Podemos, lanza una nítida señal de diálogo -pero no de sumisión- al nacionalismo y acota el espacio electoral de Cs. De todos modos, la extrema fragmentación parlamentaria y la debilidad de la mayoría socialista en el Congreso auguran una legislatura compleja y difícil, que muy bien podría terminar en las urnas antes de lo previsto, a pesar de la conveniencia de la estabilidad -y de los amplios pactos transversales- para afrontar las grandes reformas que necesita el país.
A escala local, si el primer gabinete de Pedro Sánchez ha introducido aire fresco en la vida pública, nuestra Comunidad sigue perdiendo peso en la primera línea de la política nacional. Sorprende la escasa influencia de Francina Armengol en el nuevo presidente, cuando, tras coquetear con la candidatura de Patxi López, se alineó finalmente con el político madrileño en las primarias del partido. Esta debilidad a la hora de contar con dirigentes isleños para alguna de las principales instituciones del Estado nos habla del limitado peso demográfico de nuestro archipiélago -el número de votos se cuenta lógicamente en forma de diputados-, pero sobre todo de una anémica voluntad de intervención en el gran escenario de la política común. A falta de los nombramientos de las segundas líneas del gobierno, el PSIB sale debilitado ante el peso notable que han obtenido otras federaciones socialistas. No es un dato crucial, pero sí significativo. Y apunta en una dirección: Balears debe luchar por estar mejor representada en las más altas instituciones.
Entre otros motivos, porque la insularidad implica una serie de singularidades que exigen respuestas diferenciadas. Una de estas asignaturas pendientes es la de un régimen fiscal específico para Balears (REB), que estuvo a punto de firmarse con el anterior ejecutivo y que ahora puede sufrir un nuevo bloqueo parlamentario como consecuencia de los apoyos inestables con que cuenta el gobierno socialista. El cambio de modelo de financiación autonómica es otro factor clave para garantizar mayor equidad territorial y, una vez más, el Govern deberá hilar fino si quiere persuadir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de las bondades de una reforma más afín a las tesis defendidas por Balears y otras comunidades del arco mediterráneo que a las que propugnó anteriormente la nueva ministra cuando ejercía de consejera de la Junta de Andalucía. Con Pedro Sánchez en la Moncloa, Armengol no podrá utilizar el habitual argumentario victimista de la incomprensión, como cuando gobierna en Madrid un partido distinto al de aquí, lo que la obligará a modificar su estrategia electoral. Dos ejemplos inmediatos los tenemos en los recursos presentados por el anterior ejecutivo del PP a las ayudas a la rotulación en catalán en algunos municipios de las islas y al desarrollo de la carrera profesional de los funcionarios y que ahora, en el caso de que el gobierno socialista no los retire, dejarían en una posición incómoda a la presidenta del Govern. Cabe preguntarse también qué sucederá con el descuento del 75% para viajar a la península cuando todavía no ha entrado en vigor y el PP ya ha anunciado enmiendas a los presupuestos en el Senado. Una multitud de incógnitas que, en todo caso, son las propias de la vida democrática en cualquier país moderno.
