Este año se cumplen cuatro décadas de aquel lejano referéndum que alumbró la Constitución vigente. En ese plazo, sólo has habido dos pequeñas reformas que no afectan al espíritu ni -casi- a la materialidad de la Carta: una, del artículo 13 en 1992, sirvió para permitir el sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales, como nos exigía la Unión Europea; la segunda, del artículo 135 y mucho más controvertida, introdujo en 2011 en el texto constitucional el concepto de estabilidad presupuestaria y dispuso que el pago de la deuda pública tuviera preferencia frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible. Esta última reforma, impuesta también por Bruselas para facilitar el rescate financiero español en plena crisis, fue probablemente inevitable pero supuso una evidente humillación para nuestro país.
De hecho, pues, con esta salvedad apuntada, la Constitución está intacta, a pesar de que ha habido varios intentos de reformarla y de que incluso el Consejo de Estado, bajo la presidencia de Rubio Llorente, redactó en 2006 un espléndido informe sobre las reformas más pertinentes a requerimiento de Rodríguez Zapatero. Los temas que el órgano consultivo estudió fueron la preferencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio de la Corona; la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, que lógicamente no es ni siquiera mencionado en la Carta Magna actual (España ingresó en las Comunidades Europeas de 1986); la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas, es decir, la descripción del Estado de las autonomías (en la Carta Magna sólo se establece el procedimiento de formación de las mismas); y, por último, la reforma del Senado, para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial (la Constitución usa esa terminología pero al no haberse estructurado todavía el edificio autonómico en 1978, la cámara alta no pudo concebirse emulando a los auténticos estados federales).
En definitiva, la Constitución está intacta, y ello le ha hecho merecer algunos denuestos a cargo de los "nuevos partidos", que la consideran obsoleta y, por tanto, con su legitimidad mermada (conviene recordar, para orientarnos todos, que la mayor democracia occidental del mundo, la norteamericana, tiene una Constitución bisecular, adoptada el 17 de septiembre de 1787, dos años antes del estallido de la Revolución Francesa, y tan sólo ha sido modulada mediante 27 enmiendas).
Pues bien: acabamos de asistir al éxito de una moción de censura, un suceso inédito en el vigente modelo democrático español (otras tres mociones presentadas con anterioridad no prosperaron), y la vieja norma ha funcionado magníficamente. Sin merma de la estabilidad, como quería el constituyente, el poder ha pasado de manos de un presidente del Gobierno a otro con toda normalidad. En los meses anteriores, la Carta Magna nos demostró otra de sus potencialidades inéditas: la activación del artículo 155, nunca realizada antes, permitió abordar el conflicto catalán con solvencia, dando repuesta cabal y proporcionada a un desmán que nunca debió ocurrir en un estado de derecho maduro como el español. Y si echamos la vista aún más atrás, podremos comprobar que el sistema parlamentario diseñado por la Carta Magna, que fue muy útil para gestionar el sistema bipartidista, ha funcionado también con el modelo pluripartidista, aunque nuestras formaciones políticas no hayan dado del todo la talla por su incapacidad para negociar y pactar mayorías.
Todo ello no indica que no haya que acometer más pronto que tarde la reforma constitucional para resolver algunas obsolescencias y fijar la estructura definitiva del Estado compuesto. Es más: sin ella, es posible que el conflicto catalán no tenga solución duradera. Pero los cambios que procedan, y que han de afectar sobre todo al modelo territorial -la federalización parece inaplazable-, han de realizarse con la conciencia de que el corpus de a Carta Magna, que ha sido un valioso soporte durante cuatro décadas, sigue siendo perfectamente válido. El pacto de convivencia sigue, pues, en pie y bien saludable, y apenas tenemos que reformar lo que pueda servir para fortalecerlo y extenderlo hacia el futuro.
