El catedrático y politólogo Manuel Villoria ha publicado un breve y punzante artículo -"¿Para que triunfó la moción?"- en el que sostiene la tesis de que el gobierno surgido de la moción de censura tiene que dar preferencia al objetivo de combatir poderosamente la corrupción, culminando el entramado jurídico de cautelas y sanciones de todas clases que garanticen a la ciudadanía que no volverán a despilfarrarse los recursos públicos por procedimientos fraudulentos y que el Estado ha tomado todas las medidas imaginables para disuadir a los maliciosos y descubrir prontamente a los que caigan en la tentación.
En efecto, la moción ha triunfado porque la mayoría del Congreso de los Diputados ha creído que no podía seguir gobernando un partido que había incurrido en tantos episodios detestables de cohecho, prevaricación, blanqueo, apropiación indebida y demás delitos económicos vinculados al concepto de corrupción. Un partido que había mantenido un sistema de defraudación institucionalizada y una caja B al menos desde 1989, y cuyo líder no gozaba de credibilidad en estas materias en los tribunales de justicia.
No se trata -explica Villoria- de que el nuevo gobierno no haga también otras cosas, obviamente, pero el designio de dejar cerrado para siempre este capítulo de la corrupción debe ser una de las urgencias. Tiene toda la razón.
