Hoy en día sabemos que existen políticas educativas mucho más efectivas que otras. Se sabe -así lo ha demostrado una nutrida bibliografía académica- que la etapa de cero a seis años es crucial a la hora de reducir las tasas de fracaso escolar. Es preciso, pues, ampliar el periodo de baja por maternidad -de forma ideal, al menos un año-, fomentar los centros de primera infancia que se ajusten a estrictos criterios educativos, lograr ratios más bajas de alumno por aula y, en definitiva, potenciar una educación infantil que ponga su énfasis en el cultivo de lo que el nobel de Economía James Heckman ha denominado con acierto "habilidades no cognitivas". El propio Heckman ha documentado con rigor las bondades de tales políticas, que ofrecen beneficios cuantificables tanto a nivel académico como en el incremento de la esperanza de vida a largo plazo e, incluso, en los salarios. Por supuesto, en un caso como el de Balears, que presenta algunos de los peores indicadores escolares de toda Europa, el debate acerca de la mejora del modelo de enseñanza resulta no sólo inevitable, sino urgente. Hablamos de presupuestos públicos y de reformas legislativas, pero sobre todo de un marco de prioridades definido y estable que responda al estado actual de los conocimientos pedagógicos. Sencillamente, no es cuestión de hacer experimentos con nuestros hijos ni de dejarlos al albur del laisser faire.

La triste noticia que hemos conocido esta semana acerca de la posible agresión a un niño en una guardería de Palma ha disparado, como es lógico, todas las alarmas. En un doble sentido: en primer lugar, el de los controles que la Administración realiza sobre estos centros con el fin de evitar malos tratos u otro tipo de vejaciones a los niños; en segundo lugar, la falta de regulación suficiente que ha conducido a que actualmente se haya consolidado una doble red de centros ('escoletes' frente a guarderías) con criterios de calidad diferentes, lo cual inevitablemente acaba traduciéndose en brechas educativas. Hay que recordar que el último Pacto de Progreso legisló con buen criterio a favor de unos estándares -referentes a formación de los profesionales, ratios por aula, etc.- que rigen todavía hoy tanto en las 'escoletes' municipales como en los centros de educación infantil adheridos a la llamada "red educativa". Sin embargo, no pudieron extender estos mismos requisitos a la totalidad de guarderías privadas ya que, por sentencia del Tribunal Supremo de 2012, se consideran un servicio asistencial y no propiamente docente. Esto supone que sólo se ven obligadas a cumplir una reducida serie de requisitos administrativos impuestos por las corporaciones locales -como por ejemplo, una licencia de actividad-, pero no de carácter pedagógico. Consciente del problema, Fina Santiago, consellera de Servicios Sociales, quiso aprobar una nueva normativa con el objetivo de garantizar una mínima formación profesional y una mejora general en las condiciones del servicio de las guarderías que no son 'escoletes'. Sin embargo, tuvo que retirar el proyecto ante el rechazo frontal mostrado por los que alertan del riesgo de consolidar un modelo de centros de primera y segunda categoría. Finalmente, el Govern ha decidido poner en marcha una nueva comisión coordinada por Vicenç Arnaiz y encargada de potenciar esta etapa educativa.

No admite mucha discusión considerar que la solución óptima pasa por impulsar una gran red de 'escoletes' públicas, y centros privados adheridos, que respondan a los criterios pedagógicos más actuales dentro de unos precios asumibles. Es una etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad de un niño y no debe descuidarse. Al mismo tiempo, hay que ser conscientes de las limitaciones legales -además de las presupuestarias- de autonomías y ayuntamientos, por lo que cierto realismo resulta también exigible. Y, desde esta perspectiva, es probable que pueda verse como un error haber retirado el proyecto de nueva normativa presentado por Fina Santiago porque, más allá de la propuesta en sí -seguramente mejorable-, la etapa 0-3 debe formar parte obligatoriamente del debate parlamentario y público. Cualquier iniciativa que mejore la vigilancia, el control y la calidad de los centros en los que dejamos a los niños beneficiará a medio y largo plazo el futuro de nuestra sociedad. Por ello no existe, a día de hoy, una política social más urgente y necesaria que ésta.