El anuncio de la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy lanzada por el Partido Socialista, que se dirimirá mañana y pasado en el Congreso de los Diputados, ha lanzado un torrente mediático de análisis y conjeturas sobre las motivaciones de unos y otros, las estrategias de los diferentes partidos, las oportunidades de que disfrutarán los distintos actores y las fórmulas de gobernabilidad que se derivarán de lo que suceda en la Cámara Baja.
Poco se habla, en cambio, de la motivación última de naturaleza ética que, siquiera en teoría (algunos pensamos que también en la práctica), impulsa la principal iniciativa que consiste en activar el artículo 113 de la Constitución, que regula la llamada moción de censura constructiva, que responde al llamado modelo alemán.
Con toda evidencia, la última sentencia de la Audiencia Nacional sobre la corrupción en el PP, referente a la primera etapa de la trama Gürtel, sobrevenida horas después de la detención del tercer ministro de la era Aznar, Eduardo Zaplana, involucrado en el expolio desaforado de lo público, obliga a un saneamiento ético de la política. La moción de censura, al margen de lo que pueda representar estratégicamente, es una medida de profilaxis ética, que debe ser considerada de este modo por el grueso de la ciudadanía. Todo lo demás, incluidas las fórmulas concretas del desenlace, es accesorio.
