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Antonio Papell

Fin de ciclo y moción de censura

Nada indicaba que se avecinaba una tan devastadora tormenta, pero la abultada sentencia de la primera parte del 'caso Gürtel', que refleja la existencia de una gran maquinaria de 'corrupción institucional' que afectaba a vastas zonas de la organización del PP, ha provocado finalmente una sacudida que pondrá seguramente fin a la ficción de estabilidad política que Rajoy venía cultivando.

La lista de episodios de corrupción se ha ido haciendo muy larga y ha mantenido una cierta correlación con las encuestas: el PP ha ido descendiendo de cotización sociológica desde su resultado en las elecciones generales de 2011 (44,6% de los votos) al entorno del 30% en las generales de 2015 y 2016 y al 20% que muestra actualmente en la mayoría de los sondeos. Esta caída persistente del techo electoral ha terminado produciendo súbitamente una ruptura de la confianza institucional este pasado jueves: en el plazo de unas horas, se conocía que un tercer exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, era detenido tras encontrarse pruebas, convalidadas por un juez, de que estaba tratando de repatriar una gran fortuna en el exterior; y se hacía pública la sentencia de la primera parte del 'caso Gürtel', que condenaba a 29 personas a un total de 351 años de cárcel, reconocía la responsabilidad del PP y la existencia de una 'caja B' al menos desde 1989, y negaba credibilidad al testimonio en la causa del mismísimo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que fue obligado a declarar. La cúpula del PP y el Gobierno han intentado una vez más restar importancia a este acúmulo indecente de corrupción argumentando que los hechos en cuestión son antiguos, pero esta vez la disculpa ha sido contraproducente: la indignación ha aumentado hasta el estallido.

Ciudadanos fue la primera en romper la baraja: la sentencia marca un antes y un después y la legislatura está acabada, dijeron sus portavoces. A las pocas horas, el PSOE presentaba una pertinente moción de censura que era inmediatamente secundada por Podemos? Rajoy ha salido a la palestra con el peor de los argumentos: el de la estabilidad. Es cierto que la estabilidad es un bien necesario, pero no es ético hacerla primar sobre los principios. Como ha escrito Teodoro León Gros, "no resulta muy convincente que la estabilidad económica constituya un cheque en blanco para la corrupción". Porque para encauzar el conflicto catalán por la senda de la constitucionalidad también hace falta autoridad moral, esa que hoy Rajoy ya no puede exhibir.

La pelota está en el tejado del PSOE y de Ciudadanos, ambos de acuerdo aparentemente en que sólo cabe una solución disruptiva. La iniciativa del PSOE ha sido certera porque ha desmontado la ya reiterada estrategia de Ciudadanos cada vez que ha debido reaccionar a un desmán del PP (Murcia, Madrid): exigir a Rajoy elecciones para evitar la moción de censura del PSOE, y amenazar con sumarse a la moción si no se cambiaba al actor principal.

Ahora, Ciudadanos está entre la espada y la pared: rechaza adherirse a la moción del PSOE, pero de mantenerse en esta negativa debería cargar con la responsabilidad de la continuidad del Gobierno.

Un desenlace posible, pero peligroso, es el éxito de la moción de censura sin Ciudadanos, lo que supondría que el PSOE debería obrar el prodigio de asegurar la firmeza insobornable del Estado mientras recibe apoyos de formaciones separatistas (después de todo, los independentistas ya saben que el PSOE no violentará la Constitución). Otro, probablemente más realista y mucho más deseable, es que PSOE y Ciudadanos se pongan de acuerdo en sacar adelante la moción de censura con una hoja de ruta común y unas elecciones a plazo acordado.

El conflicto catalán no debería ser obstáculo para el saneamiento de la política española por varias razones. Primero, porque los consensos básicos de fondo entre los partidos constitucionalistas no tienen por qué alterarse. Segundo, porque el bloqueo se aliviaría con nuevos interlocutores en Madrid, con una mayor legitimidad y perspectivas más flexibles (el PSC es hoy por hoy el centro político en la polarizada Cataluña). Y, finalmente, porque la oxigenación de la política española ofrecerá renovadas energías a las instituciones, hoy arruinadas por la pérdida de credibilidad de los principales actores.

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